Es hora de buscar otros pactos para las pensiones
Hay que comenzar a separar las prestaciones asistenciales de las contributivas
Fue el propio Pacto de Toledo quien en sede Parlamentaria y en sus sucesivas ediciones de 1995, 2003 y 2011 marcó ya la necesidad de tener unas pensiones adecuadas y sostenibles como uno de los principios del Estado del Bienestar y una prioridad en la Agenda Social tanto en España como en Europa. Y deben ser adecuadas para todos, tanto los que hoy tienen una pensión, como para las generaciones futuras. La actividad del Pacto de Toledo se aceleró durante 2016, dado el agotamiento del fondo de reserva de la Seguridad Social y los fuertes déficits que se han registrado en los últimos años y se seguirán registrando en el futuro.
Pues hete aquí que ahora, los Presupuestos, los de 2018, van a dar un fuerte traspié a todo lo avanzado para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Así, el presidente Rajoy acaba de pactar con el PNV el apoyo a las cuentas del Estado y, con ello garantizar su legislatura, a cambio de congelar la reforma de 2013, de saltarse el Pacto de Toledo, subir las pensiones un 1,6% este año y retrasar la entrada en vigor del factor de sostenibilidad de 2019 a 2023.
No seré yo quien critique una subida de las pensiones y, por suerte, tampoco tendré que dar explicaciones en Bruselas sobre cómo afrontar el déficit actual de casi 19.000 millones de la Seguridad Social y que, ahora, seguirá in crescendo. En la economía, una ciencia social, las cosas no dejan de ocurrir porque desees con fuerza que no pasen y, créanme, la demografía, las cotizaciones y las prestaciones son finitas.
El envejecimiento en España es estructural y conlleva efectos de primerísima magnitud —productividad, crecimiento, consumo— generando desequilibrios en las cuentas públicas y, en especial, en la sostenibilidad de las pensiones.
En España el envejecimiento es doble porque cada vez vivimos más y nacen menos niños. De hecho, cada día que pasa aumenta 4,8 horas de esperanza de vida al nacer y, si es a los 65 años, este dato es de 3,2 horas. En términos de natalidad, el dato es estructuralmente preocupante con un índice de fecundidad de 1,3 muy lejano de la tasa de reemplazo que se sitúa en el 2,1. Así, cada cuatro años, España envejece uno.
El propio Pacto de Toledo marcó ya la necesidad de fortalecer el modelo mediante, en mi opinión, dos elementos estructurantes: una auténtica separación de las fuentes de financiación (con modelos contributivos que relacionen cotización/ jubilación y no contributivos mediante impuestos) así como establecer un sistema de tres pilares (público y de reparto; empresarial; e individual).
Pero 23 años después de la primera edición del Pacto de Toledo los problemas siguen sin solución. Primer pilar, el público, contará con un déficit de la Seguridad Social récord mientras el segundo y tercer pilar son prácticamente inexistentes. Asimismo, en el actual sistema de reparto no hay una verdadera separación de fuentes de financiación, no se ha alcanzado el sistema el 100% de contributividad, mezclándose también sus fuentes.
El pacto de esta semana de Rajoy con el PNV deja en el aire la reforma de 2013 con los factores como la equidad intergeneracional y el factor de sostenibilidad. Si a eso se suma que las reformas se centraron sólo en el primer pilar, a mi entender por un cierto complejo sociopolítico, se mantiene un sistema de reparto arcaico que carece de equidad actuarial y transparencia.
La solución al problema es compleja pero la base tiene que pasar por una separación de las pensiones asistenciales (pensión mínima, básica, no contributiva), dirigidas a aquellas personas desfavorecidas que el Estado tiene la obligación de proteger; de las pensiones contributivas, las que se obtienen al final de la vida laboral. Las primeras tendrían que financiarse vía impuestos; las segundas, vía cotizaciones de los trabajadores.
Pero es que además tendría que revisarse el principio de contributividad y el principio de equidad de las pensiones contributivas, de manera que la prestación que uno percibiera cuando se jubilara, guardara una total proporcionalidad con el esfuerzo de cotización realizado. Y eso actualmente no ocurre.
Además, se da la circunstancia de que, a día de hoy existen jubilados con pensiones causadas cuyo derecho a pensión se calculó con 8 años de cotización que hoy deben ser financiadas con cotizaciones de jóvenes que accederán a su pensión en condiciones peores. De hecho, según un informe de 2017 del Banco de España, la mayor parte del coste del ajuste de las últimas reformas (2011 y 2013) recaía sobre las generaciones nacidas entre 1960 y 2000 y, en particular, en la generación de la década de 1990. Pues esa subida adicional pactada con el PNV generará más coste todavía en esas jóvenes generaciones. Una aproximación real a la gerontocracia. Cualquier día saldrán esos jóvenes para protestar para que no se siga hipotecando su jubilación.
Por último, el factor de sostenibilidad y que ahora entrará en vigor en 2023, buscaba que la cuantía de la pensión se modulara en función la esperanza de vida, no tiene en cuenta si los trabajadores de cuello blanco viven más que los de manga azul, o si las mujeres de Melilla viven menos que los varones de Cantabria.
Por ello, además de la necesidad de crear un auténtico segundo y tercer pilar, es urgente redefinir el primer pilar de las pensiones mediante una reforma que modernice el sistema, basada en el principio de equidad que lo haga más equilibrado y más justo, lo que lo hará más sostenible. Y eso se llama sistema público de reparto de cuentas nocionales.
Un sistema de cuentas nocionales es modelo público, de reparto, contributivo y de aportación definida, en el que cada trabajador paga sus contribuciones con las que se financian las pensiones presentes, si bien todas y cada una de esas contribuciones serán exactamente las que se tendrán en cuenta para la pensión futura. Es decir cada euro de contribución se acumula hasta la jubilación y los trabajadores conocerán la información.
Es momento ahora de escapar de las restricciones y presiones políticas, e incluso sociales, y buscar nuevos pactos, pero pactos a largo plazo, profundos, valientes y estructurales que nos permitan tener un sistema sostenible y justo para todos.
Luis Sáez de Jáuregui es Director de Distribución de AXA