Moncloa espera recaudar 600 millones este año con el impuesto a las tecnológicas

El Ejecutivo prevé ingresar 1.500 millones en 2019 por la llamada 'tasa Google' El Plan de Estabilidad remitido a Bruselas cifra el coste del alza de las pensiones en 1.522 millones al año

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El Gobierno espera recaudar 1.500 millones de euros al año con la llamada 'tasa Google', el impuesto a las tecnológicas anunciado la semana pasada para financiar la actualización de las pensiones con el IPC. La estimación del impacto de la medida figura en la actualización del Pacto de Estabilidad remitido el pasado viernes a Bruselas, apenas tres días después de acordarse con el PNV la subida de las pensiones y anunciar el impuesto tecnológico.

La estimación es de unos ingresos de 600 millones en 2018 y 1.500 en 2019, ejercicio en el que se aplicará el impuesto desde el 1 de enero. "En particular, se plantea la creación en 2018 de un nuevo impuesto sobre determinados servicios digitales que seguirá los principios recogidos en la propuesta de Directiva presentada por la Comisión Europea el pasado 21 de marzo, anticipando su aplicación en España", explica el Gobierno en su remitido a Bruselas. 

El plan es gravar únicamente a empresas "con un elevado importe de ingresos anuales, de forma que no grave a las pymes, y solo lo haga por los ingresos derivados de la prestación de determinados servicios digitales", que según el Gobierno son los más complejos de capturar por el fisco.

Este fin de semana los países de la UE debatieron por primera vez a nivel ministerial sobre la propuesta, que plantea imponer un impuesto del 3% sobre la facturación por ciertos servicios digitales de las empresas que facturen más de 750 millones de euros en todo el mundo y más de 50 millones en la UE. Aunque el consenso está aún lejos (varios países no están a favor), España prevé aplicar el impuesto antes de que exista una directiva europea al respecto, cubriendo con esta figura el déficit que deja el alza de las pensiones. De hecho, Cristóbal Montoro exifgió poco después de anunciarse el pacto con el PNV para las pensiones la necesidad de financiar esta subida con nuevos ingresos públicos.

La premura con la que se ha anunciado el impuesto ha dado lugar a críticas desde el sector tecnológico. Éste acusa al Gobierno de improviscación, además de atacar el carácter del impuesto, que grava ingresos y no beneficios. Pero, con el sistema fiscal actual, ni Google, Amazon ni Apple llegan a pagar 10 millones de euros al año en impuestos, a pesar de haber aumentado notablemente su tributación en el último año. Es habitual que muchas transacciones electrónicas se lleven a cabo con filiales domiciliadas en países con acuerdos fiscales muy ventajosos. La UE, de hecho, condenó a Irlanda a cobrar 13.000 millones a Apple por impuestos no abonados.

Nuevos gastos

Los ingresos previstos para 2019 no llegan a compensar el alza de las pensiones, al menos sobre el papel. Tal y como explica el Plan de Estabilidad, el impacto de la subida del 3% en las pensiones mínimas y del 1,6% en el resto, además del aumento de la base reguladora de las pensiones de viudedad generará un coste adicional de 1.522 millones de euros sobre las previsiones anteriores. En total, las medidas supondrán para la Seguridad Social 2.631 millones de euros.

Además del alza de las pensiones, el Gobierno detalla otros compromisos adquiridos en estos presupuestos. Así, el aumento de sueldo a los funcionarios, un 1,75% en 2018, supondrá 2.691 millones de euros de gasto adicional en 2018, más otros alrededor de 3.500 (de 3.477 a 3.653 milloens) en 2019 si los sueldos se suben, como se acordón con los sindicatos, entre un 2,5% y un 2,75% (en función del PIB). La ampliación del permiso de paternidad a cinco semanas supone, asimismo, 106 millones de euros.

En cuanto a los impuestos, los presupuestos de 2018 incluyen también las modificaciones en el IRPF anunciadas por el Gobierno, concretamente el aumento de la reducción por rendimientos del trabajo para los contribuyentes con rentas inferiores a 18.000 euros y el aumento a 14.000 euros del umbral a partir del cual se está obligao a presentar la declaración, además de nuevas deducciones para gastos por guardería, cónyuge con discapacidad y familias numerosas. El impacto de estas medidas es de 835 millones en 2018 y 1.373 en 2019.

Autopistas quebradas

El Plan de Estabilidad también incluye una rúbrica de 1.800 millones de euros para atender la responsablidad patrimonial del Estado sobre las autopistas quebradas. El Gobierno antes calculaba que esta responsabilidad supondría una carga de 2.500 millones sobre el Estado. Además, ahora prevé licitarlas de nuevo antes de que acabe el año, lo que supondría 1.000 millones euros de ingresos. Éstos, de todas formas, no están contemplados en los presupuestos, por lo que servirían para corregir desviaciones.

Nuevos ingresos

El Gobierno también ha transmitido a Bruselas modificaciones en el impuesto de hidrocarburos para adaptarlo a la normativa comunitaria que implicarán ingresos adicionales de 303 millones para el ejercicio 2019. El Ejecutivo ha suprimido la parte autonómica, que en estos momentos grava el litro de carburante con hasta 4,8 céntimos por litro, según la voluntad de la autonomía. En cambio, se aumenta el tramo especial de 2,4 céntimos de euro a 7,2, lo que implica aplicar el impuesto máximo autonómico en todas las CC AA. Una modificación que implica una subida en el precio de los carburantes en nueve comunidades autónomas: Castilla y León, Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja.