España tiene margen para repensar el sistema fiscal y elevar sus ingresos

Es conveniente optimizar la eficiencia para ampliar las bases tributarias y aumentar la recaudación

Conseguir que los contribuyentes estén conformes con la cantidad de impuestos que pagan no parece fácil y puede incluso que ni siquiera deseable, dado que una cierta tensión entre ciudadano y Estado forma parte de los cimientos de una democracia sana. Pero eso no significa que la percepción del contribuyente sobre la carga tributaria que soporta sea ajustada, como revela el hecho de que España es el tercer país de la UE con menor presión fiscal sobre el asalariado medio, un dato con el que la mayoría de los ciudadanos no estará, probablemente, de acuerdo. El dato no solo es fiable, sino también fácilmente comparable con los de otras economías, como parte de la información recopilada por la OCDE sobre la fiscalidad en Europa, en la que solo Irlanda y Estonia disfrutan de una presión menor que la española, situada en un 21,1%. Se trata de una cifra asumible frente a la media europea, que es de siete puntos por encima, y más aún frente a las que soportan países como Alemania o Bélgica, con una presión fiscal del entorno del 40%. Pese a ello, hay un ámbito en el que la economía española destaca por la carga que impone: el de las cotizaciones sociales, que abona el empresario a la Seguridad Social y que se sitúan casi en el 30% del sueldo bruto.

La radiografía que arrojan esos datos apunta hacia dos direcciones. La primera es la necesidad, largamente reivindicada por el tejido empresarial español, de acometer una rebaja de las cotizaciones sociales que aligere la carga que ello supone para las empresas y aumente la competitividad, haga más atractiva la contratación e impulse la creación de empleo. La segunda pasa por hacer cuentas, por poco popular que resulte el ejercicio, y recordar que los ingresos fiscales en España están situados actualmente en torno al 38% del PIB, por debajo de la media europea, y en un ejercicio en el que habrá que cumplir de nuevo con el objetivo de déficit fiscal acordado con Bruselas. Ello apunta a la conveniencia de optimizar el sistema fiscal español con el fin de ampliar las bases tributarias, repartir mejor las cargas y aumentar la recaudación. No se trata de una medida amable en tiempos preelectorales, pero ni la amabilidad ni el cálculo electoral han sido nunca buenos criterios a la hora de gobernar.