Bruselas evaluará en mayo la marcha atrás de Rajoy en los ajustes
La CE aplaudió los recortes aprobados en 2013 y ahora suprimidos El desafío de España llega poco después del de Portugal
Las concesiones del Gobierno de Mariano Rajoy al PNV para intentar sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2018 tiran por tierra la reforma de las pensiones que recibió los parabienes de la Comisión Europea en 2013 y exponen a España a una reprimenda de Bruselas. Fuentes del organismo comunitario han indicado este jueves que dentro de un mes procederá a la valoración de la marcha atrás de Rajoy en los ajustes.
"La Comisión tomará en cuenta las últimas reformas en el informe sobre Recomendaciones específicas que se publicará esta primavera", ha indicado un funcionario comunitario. El vicepresidente económico de la CE, Valdis Dombrovskis, tiene previsto presentar esas Recomendaciones el próximo 23 de mayo, fecha en la que daría su veredicto sobre la brusca anulación de la reforma acometida por España en 2013.
Bruselas dio entonces al Gobierno español la máxima calificación ("pleno seguimiento") por haber cumplido a rajatabla la recomendación de introducir "un factor de sostenibilidad, a fin de garantizar la estabilidad financiera a largo plazo del sistema de pensiones".
Rajoy se comprometió a aplicar ese factor de sostenibilidad en 2019 pero ha decidido aplazarlo hasta 2023, lo que salvará de los recortes previstos a los trabajadores que se jubilen durante los próximos cuatro años. La marcha atrás acabará también con gran parte de los ahorros que Bruselas había valorado como imprescindibles.
Bruselas temía que la factura de las pensiones en España pasase del 10% del PIB en 2010 al 13,7% en 2060. Pero los ajustes introducidos por el ejecutivo de Rajoy permitieron a la CE rebajar la previsión hasta el 9,6% en 2060. Hasta el acuerdo de Rajoy con el PNV, la Comisión Europea estimaba que la reforma de las pensiones había contenido el gasto venidero.
El ejecutivo comunitario aun esperaba un nuevo ajuste, para vincular la edad de jubilación obligatoria a la evolución de la esperanza de vida. Pero se ha encontrado con que ese vínculo no se establece. Y con que el factor de sostenibilidad se retrasa y con que las pensiones se revalorizarán en 2018 y en 2019 en función del IPC, una indización que Bruselas había exigido suprimir.
La CE, de momento, no se ha pronunciado oficialmente sobre el viraje del Gobierno español, que llega después de que otros ejecutivos, como el de Portugal, cancelasen también parte los ajustes acometidos durante la crisis.