Una reconversión profesional para la industria del seguro europeo

La directiva del sector tendrá un impacto significativo sobre la estrategia y la distribución de estos productos

La ola regulatoria nacida como consecuencia del afán por corregir los errores detectados durante los duros años de la crisis no se ha limitado al sistema bancario o a los mercados bursátiles, sino también a otros sectores, como es el caso de los seguros. La nueva directiva sobre distribución de seguros y reaseguros entrará en vigor a principios de 2019 –con retraso respecto al calendario inicialmente previsto– y afectará a unos 45.000 profesionales de este sector en España. La norma, que tendrá un impacto significativo en la estrategia de negocio y en la organización operativa de las compañías europeas, pretende crear un marco legal en materia de formación que garantice que todos los distribuidores de seguros y de reaseguros poseen los conocimientos mínimos necesarios para llevar a cabo correctamente su labor. Ello significa que a partir del año que viene, los mediadores de seguros y corredores de reaseguros dejarán de ser los únicos obligados a contar con una formación específica y a ellos se unirán los empleados de las compañías aseguradoras que realizan tareas de distribución de seguros, aunque únicamente a aquellos que las realicen por primera vez. El borrador que maneja Economía prevé que las pruebas de aptitud y las certificaciones queden bajo la competencia de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y sean gestionadas por el Consejo General de los Mediadores de Seguros.

Al igual que sucede con las disposiciones que la directiva Mifid2 incluye para los profesionales que comercializan instrumentos financieros, el objetivo de la nueva directiva del seguro es proteger al cliente en un mercado cada vez más sofisticado, pero también reforzar la imagen y la reputación de la industria del seguro europea. Ello explica que la norma establezca, además de la formación y la obligación del desarrollo profesional permanente, determinadas exigencias reputacionales concretas para el personal del sector. Como ocurre con toda nueva regulación, la industria precisará realizar un esfuerzo de adaptación que en sí mismo constituye una importante factura, pero cuyo montante será siempre menor que el derivado de malas prácticas y posibles abusos.

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