La parálisis política coloca al Gobierno de Rajoy como el más expedientado por Bruselas

España afronta casi un centenar de procedimientos disciplinarios, por encima incluso de Grecia. Y la amenaza de multas millonarias diarias

Comisión Europea
Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, y Mariano Rajoy, en diciembre de 2016.

La parálisis política e institucional que sufre España de manera casi ininterrumpida desde finales de 2015 ha llevado a un peligroso alejamiento de los estándares legales europeos, que siguen evolucionando sin que el Gobierno de Mariano Rajoy, primero en funciones y luego en minoría parlamentaria, pueda mantener el ritmo.

Los largos retrasos y las profundas lagunas en la adaptación de la legislación comunitaria aprobada en los últimos tres años han colocado el país en la picota de Bruselas, con casi un centenar de procedimientos disciplinarios abiertos por la Comisión Europea y la amenaza de multas que podrían sumar cientos de miles de euros diarios en los casos más graves. 

"Somos el país más retrasado de Europa en la transposición de la legislación europea", lamenta el eurodiputado socialista Ramón Jáuregui tras recibir, en respuesta a una pregunta parlamentaria, los datos más recientes de la Comisión Europea sobre los expedientes abiertos contra España.

"Con 92 procedimientos abiertos, España es con diferencia el Estado con más expedientes disciplinarios, con Grecia en segundo lugar con 76", repasa Jáuregui las alarmantes cifras. El eurodiputado atribuye el fiasco, en parte a la situación de minoría parlamentaria del Gobierno. "Muchas trasposiciones de directivas no se hacen porque no se hacen leyes y se hacen leyes porque temen perderlas en el Congreso", señala Jáuregui.

Pero el eurodiputado también percibe un problema de organización, "porque se trasponen directivas a través de varios instrumentos, como decretos u órdenes ministeriales, que son difíciles de rastrear o que no tienen un rango legislativo suficiente".

Los requerimientos de la Comisión a las autoridades españolas para que adapte la legislación se suceden mes tras mes. Pero el Gobierno se encuentra empantanado y con poco margen de maniobra.

La actividad legislativa se encuentra parada o al ralentí desde que el 26 de octubre de 2015 Rajoy anunció la convocatoria de elecciones, celebradas en diciembre y repetidas en junio de 2016. El Gobierno saliente de Rajoy se pasó casi un año en funciones hasta que a finales de 2016 logró formar un nuevo ejecutivo con minoría parlamentaria pero con apoyo de Ciudadanos.

La inoperancia del Gobierno se ha visto acentuada por la revuelta institucional de la Generalitat de Cataluña, que ha reducido aún más el margen de actuación del Ejecutivo. Y la tolerancia de la Comisión, que observó con paciencia el período de interinidad del Ejecutivo, da signos de agotamiento y las peticiones de multas contra España se apilan ya ante el Tribunal de Justicia europeo.

Bruselas reclama a los jueces comunitarios multas tan cuantiosas como 106.000 euros diarios por el retraso en la transposición de la nueva directiva sobre el mercado hipotecario, o 124.000 euros al día por la directiva sobre gestión de derechos de autor. O 186.000 euros diarios por dos directivas sobre contratación pública.

Las multas comenzarán a materializarse si el Tribunal dicta sentencia antes de que España haya adoptado su legislación. Y sumarán miles de euros por cada día de retraso a partir de ese momento.

Pero el potencial coste económico del retraso, aun siendo considerable, tal vea sea menos perjudicial que la distancia legal que se abre entre España y el resto de la UE. Una distancia que va en detrimento de la calidad y garantías en áreas tan importantes como la protección del consumidor, la preservación del medioambiente o la lucha contra la financiación del crimen organizado y del terrorismo.

"La legislación europea es fuente del Derecho español", recuerda Jáuregui. "Y muchos derechos ciudadanos dependen de su traslación", añade el eurodiputado.

Uno de los casos más flagrantes es la directiva de 2014 que actualizó y reforzó los derechos de los consumidores en los contratos hipotecarios, para evitar abusos como los cometidos por algunas entidades financieras en los últimos años. A pesar de que España fue uno de los países más afectados por la crisis inmobiliaria y de que cuenta con uno de los porcentajes más altos de viviendas hipotecadas en Europa, la directiva sigue sin incorporarse a la legislación española más de cuatro años después de su aprobación. Ni siquiera ha jugado a favor de la directiva el hecho de que fuera impulsada por un eurodiputado español durante la pasada legislatura, el socialista Antolín Sánchez Presedo.

La legislación española también se ha quedado rezagada respecto a la comunitaria en áreas tan importantes como la gobernanza y transparencia de las grandes empresas (directiva 2014/95), supervisión de la banca (directiva 2013/36), la transparencia en la gestión de los fondos de inversión (directiva 2014/91), eficiencia energética (directiva 2012/27), lavado de dinero (2015/849), o control de ciertos intermediarios financieros (2014/65).

En otras ocasiones, la transposición de algunas directivas ha sido incompleta, según la Comisión, lo que también ha llevado a la apertura de expediente. Entre los casos más graves figura la directiva 2015/849 para reforzar la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

El Gobierno notificó a Bruselas en junio del año pasado que ya había incorporado esa norma a la legislación española. Pero apenas cinco meses después, y tras revisar la normativa española, Bruselas concluyó que "suponía, a todas luces, una transposición incompleta", según la respuesta de la comisaria europea de Justicia, Vera Jourova, a la pregunta de Jáuregui. Y la CE incoó el enésimo expediente disciplinario contra España.

En total, según los datos facilitados por la Comisión al Parlamento, España afronta 92 expedientes, 34 de ellos por no trasposición de directivas en los plazos previstos. El área con más infracciones es medio ambiente con una treintena de expedientes, seguida por las normas sobre mercado interior y empresas, con 12.

El mismo recuento señala que Tribunal ya ha sentenciado en nueve ocasiones contra España por incumplir las obligaciones estipuladas en otras tantas directivas. Y los jueces revisan ya otros siete casos contra un país que en su día se encontró a la vanguardia de la integración europea y que hoy corre el riesgo de quedarse peligrosamente rezagado, si no lo está ya.

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