A quién perjudica y a quién beneficia la nueva ayuda a parados que propone Empleo
CC OO calcula que el nuevo subsidio perjudicaría al 75% de los futuros perceptores Con la propuesta del Gobierno el parado deberá acreditar que busca un trabajo
El Ministerio de Empleo está inmerso en una negociación a tres bandas para reordenar las ayudas que se dan actualmente a los desempleados que agotan sus prestaciones contributivas por desempleo. Las dos principales negociaciones están siendo con los agentes sociales y con las comunidades autónomas. Si bien hay una tercera vía para esta reordenación en sede parlamentaria, que se encuentra en vía muerta por la complejidad del reparto de fuerzas en el Congreso.
Pero al margen de dicha tercera vía parlamentaria, el Ministerio de Empleo está intentando que las comunidades y los interlocutores sociales acepten su propuesta para unificar los actuales subsidios asistenciales y los programas de la Renta Activa de Inserción (RAI), Plan Prepara y Programa de Activación por el Empleo (PAE) en una nueva renta que se enmarcaría en la órbita del sistema de Seguridad Social y que se denominaría Renta Complementaria de Desempleo (RED).
Tras las últimas modificaciones hechas por Empleo a su propuesta, en respuesta sobre todo a las alegaciones hechas por los sindicatos, ¿a quién beneficiaría y quién saldría perjudicado con esta nueva propuesta de renta?
Según, el análisis pormenorizado que ha hecho el sindicato CC OO de la legislación actual y de la última propuesta de Empleo, la nueva renta, que fusionaría a las actuales, perjudicaría al 75% de los futuros beneficiarios potenciales y beneficiaría al 25% restante. Y el principal perjuicio sería, de media, un acortamiento de la duración de estas ayudas asistenciales entre uno y tres meses respecto a la situación actual, dependiendo de los casos. Aunque se podrían registrar mayores perjuicios.
En concreto, atendiendo a los actuales colectivos de beneficiarios, el más numeroso es el que recibe el subsidio por desempleo y que no tienen las cotizaciones suficientes para acceder a la prestación contributiva. Dentro de grupo –formado por unos 231.404 parados actualmente– quedarían perjudicados los que tienen 6 o más meses cotizados con responsabilidades familiares, que con la nueva renta cobrarían un máximo de 24 meses, tres meses menos que en la situación actual. Mientras que este mismo colectivo sin responsabilidades familiares pasaría a cobrar dos meses más con la nueva ayuda (hasta 8 meses).
Si bien el principal perjuicio para aquellos que cobran el subsidio por haber cotizado seis o más meses sería la imposibilidad de acceder a la RAI. Por este motivo, los mayores de 45 años con responsabilidades familiares perderían 42 meses de cobro de esta ayuda y los mayores de 45 años sin cargas familiares, perderían 39 meses. Por el contrario, se crearía un nuevo subsidio para quienes han cotizado menos de 6 meses y no tienen responsabilidades familiares (de entre 4 y 6 meses de duración). Y aquellos que sí las tienen, cobrarían un mes más.
El segundo grupo más numeroso ahora son los beneficiarios de subsidios por desempleo que han agotado la prestación contributiva (excepto los beneficiarios del subsidio para mayores de 55 años), con casi 194.000 beneficiarios. En este caso, los que tienen responsabilidades familiares, si son menores de 45 años recibirían la ayuda por un máximo de 29 o 35 meses –según el tiempo que hubieran cobrado la prestación contributiva–, lo que supondría perder un mes de cobro en ambos casos. Mientras que los mayores de 45 años de este colectivo perderían tres meses del cobro de la prestación.
En este grupo, si no se tienen responsabilidades familiares, los mayores de 45 años cobrarían el subsidio durante 36 meses como máximo (nueve meses menos que ahora). Pero se beneficiarían aquellos menores de 45 años sin responsabilidades familiares, que hubieran agotado una prestación contributiva de más de 12 meses, para los que habría un nuevo subsidio durante 5 meses.
La cuantía de la nueva ayuda que propone el Gobierno sería del 80% del Indicador Público de Renta de efectos Múltiples (Iprem), que en la actualidad equivaldría a un subsidio de 430 euros. Esta cuantía es idéntica a la que cobran ahora los beneficiarios del subsidio por desempleo, la RAI y el PAE. Y es superior a los 403 euros que se cobra con el Prepara sin cargas familiares e inferior a los 457 euros de los que si las tienen.
Otra novedad de la propuesta de Empleo es la exigencia, con carácter general, de acreditar que se busca activamente empleo, algo que debería certificar la comunidad autónoma.
Plazos y soluciones
El tiempo se agota. La urgencia de reordenar las actuales ayudas asistenciales de carácter estatala los desempleados viene marcada exigencias judiciales. El pasado año, dos sentencias del Tribunal Constitucional determinaron que tanto el plan Prepara como el Programa de Activación para el Empleo (PAE) eran ayudas que debían gestionarse por parte de las comunidades autónomas y no por parte del Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE). Por ello, una vez que terminara la vigencia de estas ayudas, debían pasar a manos de las comunidades. Sin embargo, estas acordaron con el Ministerio de Empleo que siguiera gestionándolas hasta que se pactara la reunificación de todas estas ayudas. El fin de este encargo de gestión temporal al Estado se producirá el 30 de abril, cuando decaerán estos programas. De ahí la urgencia para llegar a un acuerdo.
Qué ocurrirá el 1 de mayo. El Gobierno ha propuesto que si no hay acuerdo antes de fin de mes, se apruebe un plazo de seis meses en los que se siga negociando, y durante el cual que se puedan presentar solicitudes de ayudas que se resuelvan de forma retroactiva cuando se pacte una nueva ayuda o la inclusión de las actuales en la Seguridad Social.
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