Bruselas impulsa las reclamaciones colectivas de consumidores

La CE quiere evitar la impunidad en casos como el fraude de Volkswagen

Las organizaciones de consumidores podrán agrupar las demandas de varios países

La comisaria europea de Justicia, Consumidores e igualdad de género, Vera Jourová, presenta las nuevas normas sobre protección del consumidror AFP
La comisaria europea de Justicia, Consumidores e igualdad de género, Vera Jourová, presenta las nuevas normas sobre protección del consumidror/ AFP

La Comisión Europea ha aprobado este miércoles un proyecto de directiva para regular las reclamaciones colectivas de los consumidores en caso de que una empresa viole de manera masiva las normas comerciales.

La directiva, según Bruselas, permitirá a los consumidores obtener una compensación si se repiten casos como el de Volkswagen, que engañó a millones de clientes en cuanto al nivel real de emisiones de Co2 de sus motores diésel.

"Si esta norma hubiera estado en vigor, las organizaciones de consumidores de todos los Estados miembros habrían podido lanzar una acción colectiva contra un fabricante que aseguraba respetar las normas medioambientales cuando no era así y, por tanto, engañó a los consumidores", señala el organismo comunitario.

La nueva directiva requiere la aprobación del consejo de ministros de la UE y del Parlamento Europeo. Y no será nada fácil porque la industria europea ya se ha movilizado en otras ocasiones para evitar que en Europa se generalicen las reclamaciones colectivas que, en EE UU, llevan a compensaciones multimillonarias. Volkswagen, por ejemplo, ha afrontado al otro lado del Atlántico una factura de más de 25.000 millones de dólares (entre multas e indemnizaciones) mientras que en Europa ha salido prácticamente indemne. Bruselas quiere acabar con esa impunidad.

La Comisión ya intentó en 2004 potenciar las demandas colectivas en los casos de violación de las normas de competencia. Pero la propuesta fue, primero, aparcada, y después aprobada en una versión mucho más limitada.

El proyecto anunciado este miércoles forma parte de una amplia reforma legislativa para endurecer las normas de protección al consumidor, que incluye la enmienda de cuatro directivas: la de cláusulas abusivas, la de indicación de precios, la de prácticas comerciales desleales y la de derechos del consumidor.

"En un mundo globalizado, donde las grandes empresas tienen una enorme ventaja sobre los consumidores individuales, es preciso igualar las posiciones", ha señalado Vera Jourová, comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de género, durante la rueda de prensa posterior a la aprobación del nuevo paquete legislativo.

El plan propone la derogación de la directiva sobre acciones de cesación, aprobada en 2009 y que permite una reclamación colectiva para poner fin a una infracción perjudicial para los intereses del consumidor. La norma contempla la cesación. Pero los consumidores que deseen reclamar una compensación deben hacerlo individualmente y exponerse a largos y caros procesos judiciales.

La CE propone sustituir ese texto por una nueva directiva que permite a los consumidores no solo reclamar la cesación de la práctica ilegal sino también obtener una compensación sin ningún coste por su parte.

La nueva norma permitirá la agrupación de las reclamaciones de todos los países donde se haya producido el fraude. Las reclamaciones podrán cursarse siempre que haya una decisión judicial o administrativa firme que confirme la práctica fraudulenta.

Las autoridades deberán evaluar la pertinencia de la reclamación y fijar el tipo de compensación que merecen los consumidores, sea económica o material (como una reparación). Las empresas también podrán alcanzar un pacto con los consumidores para resolver el litigio, aunque los términos del acuerdo deberán ser validados por las autoridades.

En cualquier caso, sea mediante decisión o mediante acuerdo, todos los consumidores perjudicados podrán reclamar la compensación, incluso los de países que no hubieran participado en la reclamación colectiva.

La Comisión propone que las reclamaciones solo se puedan cursar a través de organizaciones de consumidores o entidades debidamente autorizadas para evitar que los despachos de abogados alienten pleitos a la búsqueda de un millonario acuerdo extrajudicial. "No se podrán plantear reclamaciones frívolas", asegura el departamento de Jourová.

Mayores multas

La reforma también propone un endurecimiento de las multas por violación de las normas de protección al consumidor, para garantizar que en todos los países se imponen sanciones disuasorias. En la actualidad, países como Francia o Polonia contemplan multas equivalentes como máximo al 10% de la facturación de la compañía mientras que en otros Estados se establecen límites mucho más bajos.

La Comisión propone que en casos de violación simultánea de las normas en varios países, los Estados afectados se comprometan a imponer, como mínimo, una multa equivalente al 4% de la facturación en sus respectivos mercados. Los países que deseen imponer una sanción mayor podrán seguir haciéndolo.

Google, Airbnb y compañía, en el punto de mira

La Comisión Europea también ha propuesto este miércoles reforzar la protección del consumidor en las plataformas digitales de empresas como Google, Airbnb o Amazon.

Las nuevas normas exigirán que las plataformas informen sobre los parámetros que utilizan sus buscadores y que precisen de manera clara si los resultados de las búsquedas son patrocinados o no. Y los consumidores dispondrán de un plazo de 14 días para revocar la prestación de un servicio incluso cuando sea gratuito.

Las plataformas también deberán informar al usuario si la venta de un producto o servicio proviene de un particular o de una empresa tercera.

La Comisión ha publicado este miércoles un estudio sobre la conducta de los internautas que revela, según Bruselas, la importancia de potenciar la transparencia en las plataformas digitales.

El estudio muestra que "muchos usuarios actúan con las plataformas bajo la premisa de una confianza ciega". Una circunstancia que, según el informe, genera una asimetría entre las plataformas y los consumidores "que requiere una atención reguladora".

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