Ahora Madrid y el PSOE concluyen que la venta de VPO a fondos incumplió la ley

El dictamen asegura que la operación incumplió la función básica de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS)

Recomienda llevar el caso ante la Comisión Europea

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, atiende a los medios de comunicación.rn
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, atiende a los medios de comunicación.

La Comisión de investigación del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado su dictamen sobre la operación de venta de 1.860 pisos protegidos (VPO) por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) a fondos de inversión. Con los votos a favor de Ahora Madrid y del PSOE, el documento final concluye que la venta incumplió la legalidad y la función básica de la EMVS y no tiene justificación objetiva.

La sesión de este viernes, en la que participaron los cuatro grupos municipales, se celebra en cumplimiento de un acuerdo de Pleno tras la decisión del juzgado de lo contencioso administrativo número 9 de Madrid. El dictamen se refiere a una operación analizada a lo largo de sucesivas sesiones en el año 2016.

Entre otras cosas, el documento final recomienda la adhesión al procedimiento penal existente contra exdirectivos de la EMVS, la reprobación en Pleno y el estudio de una denuncia ante la Comisión Europea. Se recomienda además declarar de oficio la nulidad de pleno derecho del acto de venta de las 18 promociones de viviendas.

Tal y como informó el Ayuntamiento de Madrid, algunas de estas recomendaciones ya se han puesto en marcha, y así el actual consejo de la empresa municipal inició el proceso de nulidad y ha dado audiencia a personas implicadas en la operación. En este sentido, se ha iniciado el ejercicio de acciones de responsabilidad ante el Tribunal de Cuentas para exigir la devolución de 127,2 millones de euros al consejero delegado Fermín Oslé, a Ana Botella, Concepción Dancausa, Enrique Núñez, Siego Sanjuanbenito, Paz González, Dolores Navarro y Pedro Corral.

En la nota emitida este viernes por el Ayuntamiento, se recuerda que las investigaciones de la comisión se centraron en el proceso de venta de 1.860 inmuebles correspondientes a 18 promociones de vivienda pública en alquiler y arrendamiento con opción de compra al fondo Fidere Patrimonio Socimi, filial de Blackstone.

En dichas viviendas de la EMVS vivían familias en situación de vulnerabilidad, por lo que muchas de ellas se enfrentaron desde el momento de su venta a rescisiones de contratos o subidas muy considerables del precio de los alquileres.

En el documento de conclusiones facilitado por el Consistorio se sostiene que se ha podido constatar una ausencia de justificación objetiva de la necesidad de enajenación de los inmuebles. Además de venderse contraviniendo la legislación básica, la comisión de investigación concluye que hubo opacidad en las actuaciones preparatorias de la operación. "No se respetaron los principios de publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en el desarrollo del procedimiento", sostiene.

También destaca que en la operación nunca se cumplieron las supuestas condiciones de solvencia establecidas presuntamente para el comprador por parte de la propia EMVS. Y subraya el quebranto económico y perjuicio patrimonial que supuso la venta para la empresa municipal. El importe finalmente obtenido fue de 128,5 millones, lo que supuso una pérdida contable de 31 millones. Sin embargo, el informe sostiene que el perjuicio patrimonial ocasionado a la entidad sería superior a los 162 millones, por lo que el valor de los inmuebles enajenados superaría los 291,4 millones, frente a los 128,5 millones pagados. Esto es así teniendo en cuenta los precios oficiales de las viviendas de promoción pública (VPP) y sus anejos fijados en la Orden 116/2008, de 1 de abril, vigente en el momento de la venta.

Por último, las conclusiones de la comisión son especialmente duras con el consejero delegado de la EMVS, Fermín Oslé, a quien acusa de faltar a la verdad en su comparecencia ante dicha comisión del Pleno del Ayuntamiento, por ocultar información relativa a la operación de venta de estas viviendas.

Del mismo modo, acusa a la Comunidad de Madrid de connivencia "por acción y omisión en las irregularidades detectadas". Recuerda el informe que el Gobierno regional no solo no veló por el adecuado cumplimiento de las normas de control e inspección de las VPP enajenadas, sino que colaboró activamente modificando el Reglamento de VPP "permitiendo este expolio del patrimonio público".

Las recomendaciones pasan también por proceder a declarar de oficio la nulidad de pleno derecho del acto de venta de las citadas 18 promociones de viviendas. "Y teniendo en consideración la posible infracción del derecho de la competencia, previsto en los artículos 101 y siguientes del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, cabría interponer denuncia por tales hechos ante la Comisión Europea", concluye el Ayuntamiento.

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