¿Cómo afectarán los Presupuestos de 2018 al trabajo y las pensiones?
La Tarjeta Social Universal servirá para mejorar y coordinar las políticas de protección social
El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 contiene importantes novedades que afectan al trabajo y las pensiones. Aún se trata de un texto que comienza su andadura parlamentaria, por lo que sufrirá modificaciones, pero veamos las más destacadas.
En el sector público, se prevé una jornada de trabajo de 37,5 horas y un incremento de retribuciones del 1,75%, en consonancia con el reciente II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo 2018-2020. Y se produce la equiparación salarial del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Además, se contempla una tasa de reposición de efectivos del 100% -con limitaciones para aquellas Administraciones Públicas que no cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria- y del 115% para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cuerpos de Policía Autonómica y Policías Locales.
En cuanto a las pensiones, en general se revalorizan el 0,25%, si bien la subida del umbral de tributación en el IRPF de 12.000 a 14.000 euros y el incremento de la reducción para rentas del trabajo hasta 18.000 euros beneficia a un millón de pensionistas. Además, las pensiones mínimas, las no contributivas, aquellas sin derecho a complementos a mínimos y las de viudedad se incrementan entre un 1% y un 3% según su tipo y nivel, lo que supone una mejora para otros 6 millones de pensionistas. Destaca la elevación del 52% al 54% de la base de cotización para las pensiones de viudedad de aquellos pensionistas con 65 o más años que no perciban otra pensión pública.
Para cubrir sus obligaciones y dar estabilidad al Sistema, se prevé un préstamo del Gobierno a la Seguridad Social a cancelar en un plazo máximo de 10 años y se amplía el plazo para cancelar los demás préstamos que se le otorguen.
Hay que destacar la ampliación del permiso por paternidad de cuatro a cinco semanas. Las cuatro primeras se mantienen ininterrumpidas y esa quinta semana podrá disfrutarse en otro momento dentro de los 9 meses siguientes al nacimiento. Además, el permiso podría ser a jornada completa o parcial de un mínimo del 50%. Ambos aspectos previo acuerdo de las partes.
Hay cuestiones que se mantienen, como son el interés legal del dinero, el de demora, la cuantía del Indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) o la bonificación del 50% de la cotización empresarial en caso de cambio de puesto de trabajo por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural, o de enfermedad profesional. Y las cotizaciones, cuyas cuantías se actualizan en un 1,4%, tanto para el Régimen General como para el de Trabajadores Autónomos.
Otra importante novedad es la introducción de una ayuda económica de acompañamiento a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil con menor formación que suscriban un contrato para la formación y el aprendizaje. Ayuda que asciende al 80% del IPREM y tiene la duración del contrato, hasta un máximo de 18 meses. Además, la conversión en indefinidos a jornada completa de esos contratos estaría bonificada en 250 euros/mes (3.000 euros/año) durante un periodo de 3 años.
Se crea la Tarjeta Social Universal, de la que viene hablándose hace tiempo y que servirá para mejorar y coordinar las políticas de protección social de las diferentes administraciones públicas. Para ello, incluirá la información actualizada de todas las prestaciones sociales de contenido económico financiadas con cargo a recursos públicos y los datos identificativos de sus titulares, beneficiarios, cónyuges y otros miembros de las unidades familiares, así como los importes y clases de las prestaciones abonadas y la fecha de efectos de su concesión o reconocimiento.
Se establece además que, a partir de su puesta en funcionamiento -previsto a los 3 meses de la entrada en vigor de la Ley-, el contenido del actual Registro de Prestaciones Sociales Públicas quedará integrado en la Tarjeta, por lo que correlativamente se deroga el citado Registro.
Se establece una bonificación del 50% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, desempleo, FOGASA y FP de los trabajadores fijos discontinuos en el sector turístico, para apoyar la prolongación de su actividad.
Y, por último, se prevé que los fondos provenientes de la cuota de formación profesional se utilicen, entre otras cosas, para financiar la formación profesional para el desempleo.
