Una ofensiva imprescindible para controlar las monedas virtuales

No es la primera vez que Hacienda presta atención a las criptomonedas y advierte de su uso para el blanqueo

Una ofensiva imprescindible para controlar las monedas virtuales

Las advertencias sobre los riesgos de invertir en criptomonedas no son una novedad, sino que se han repetido en los últimos tiempos desde distintos ámbitos. Tanto los expertos en el mercado como los propios supervisores han alertado de la falta de control con que operan las monedas virtuales, así como de la ausencia de una regulación específica y de las consecuencias que ello puede traer consigo. El pasado febrero, la CNMV y el Banco de España emitieron un comunicado conjunto recordando que hasta la fecha ninguna emisión de criptomonedas ha sido registrada, autorizada o verificada por ningún organismo supervisor, lo que supone que los inversores no cuentan con la protección legal de que disponen con los productos bancarios o de inversión. Ahora, ha sido la Agencia Tributaria la que ha dado un paso más al lanzar una campaña de control sobre este tipo de instrumentos, que incluye el envío de requerimientos a 60 entidades que realizan adquisición o venta de divisas virtuales. Entre las afectadas, hay 16 entidades financieras con sede social o sucursales en España, así como intermediarios y empresas que admiten pagos en criptomonedas. La primera parte de la campaña se limitará a requerir información y a analizar los datos proporcionados por las entidades, a fin de verificar posibles irregularidades.

No es la primera vez que Hacienda presta atención a las criptomonedas ni que advierte sobre los vínculos entre estos instrumentos de pago y ciertas actividades ilícitas, como el blanqueo de capitales. Precisamente por ello, los retos que presenta la irrupción de las criptomonedas son dobles. Por un lado, la protección de los inversores, que operan, en su mayoría, sin asesoramiento y con desconocimiento del riesgo que hay tras estas operaciones; y por otro, la detección de las redes de delincuencia organizada y de defraudación fiscal que utilizan estos instrumentos para llevar a cabo sus objetivos. La primera de estas tareas exige prevención y regulación mientras que para la segunda es fundamental reforzar la inspección y el control, así como la siempre imprescindible (y a menudo insuficiente) cooperación internacional.

 

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