‘Plan Euskera’. Nuevo límite a pymes y autónomos para acceder a contratos públicos
El cuatripartito propone incluir un plan en la ley foral de contratos públicos para acotar el acceso de pymes a contratos con la Administración.
El cuatripartito que gobierna en Navarra ha propuesto incluir en la ley foral de contratos públicos una exigencia en relación con el euskera y las empresas que trabajen con la Administración Pública. Una nueva normativa que limitaría el acceso de las pymes y autónomos a los contratos con la Administración, al obligarlas a elaborar un plan de euskera, si quieren acceder a licitaciones que requieran de un servicio de atención al público.
La propuesta se ha encontrado con la oposición de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN). Según recoge la agencia de noticias Europa Press, los empresarios han mostrado su total rechazo al plan propuesto, al considerarlo una “imposición” para las empresas navarras.
Más dificultad para acceder a contratos
En opinión de la Confederación de Empresarios de Navarra, la implantación de un plan de euskera afectaría a la actividad de las empresas y a su libre competencia. Argumentan que con este plan, las pymes y los autónomos tendrán mayores dificultades para acceder a contratos con la Administración Pública.
Tal y como aseguran en un comunicado de prensa, se beneficiaría a las grandes empresas, con más medios y recursos para implementar formaciones de este tipo. Obteniendo, en consecuencia, ventajas previas para presentarse a los concursos públicos que convoque la Administración.
Perjudicial para la igualdad de condiciones
Por otro lado, la patronal navarra ha advertido que la medida también lastrará la igualdad de oportunidades para las empresas del País Vasco, suponiendo un detrimento para las compañías que se ubiquen en la zona mixta y el área no vascófona de Navarra.
“Es injusto obligar desde la ley a imponer este tipo de medidas”, sostienen los representantes de la Confederación de Empresarios de Navarra. Para la patronal, lo idóneo sería que estas medidas se pudieran adoptar con carácter voluntario y no obligatorio.
Retirar la propuesta
En ese sentido, los empresarios están presionando para que el plan no se lleve a cabo. Han pedido a los grupos políticos que retiren dicha exigencia de la tramitación parlamentaria de la norma. Lamentan, asimismo, que la medida no se haya debatido previamente en la Junta de Contratación Pública para buscar un consenso entre agentes económicos y sociales.
