La CNMV da marcha atrás y no exigirá una alerta cuando los inversores compren acciones de bancos
La norma entrará en vigor a finales de junio El supervisor exige la inclusión de duras advertencias en varios productos financieros
La circular de la CNMV sobre advertencias relativas a productos financieros está lista. La norma entrará en vigor a finales de junio y no incluirá uno de avisos más controvertidos de los anunciados el pasado jueves, cuando el supervisor la presentó en sociedad.
La versión inicial de la circular obligaba a los intermediarios a advertir a los inversores en acciones de bancos de que, “en caso de resolución del emisor”, los dueños de esos títulos podrían soportar pérdidas. De hecho, los accionistas de Popular perdieron el pasado 7 de junio todo su dinero.
Pero las entidades financieras se han quejado de un trato discriminatorio, puesto que también en las empresas no financieras los accionistas son los primeros que pierden dinero en caso de problemas de solvencia. Y el supervisor ha dado marcha atrás: “La obligación específica no será de aplicación tratándose de acciones”, aclaró ayer en una nota.
Es cierto que en el folleto de la salida a Bolsa de Unicaja a finales de junio del año pasado y en el de la ampliación de capital de Liberbank de noviembre sí se incluyeron avisos sobre esta posibilidad. Así, la CNMV se reserva la posibilidad de exigir que se realicen “advertencias similares en relación con ofertas u operaciones concretas”.
El aviso sobre la posibilidad de que una inversión se utilice para una recapitalización interna (bail in, en la jerga) sí se mantiene para la deuda emitida por las entidades financieras. En el caso de Popular, se volatilizaron bonos subordinados vendidos a pequeños inversores valorados en 450 millones.
La normativa, que entrará en vigor en tres meses, comenzó a gestarse en los tiempos en que la CNMV estaba pilotada por Elvira Rodríguez, allá por 2016. El primer borrador se publicó en abril de ese año. El proyecto estuvo visitando diferentes instancias, pero no fue enviado a Europa hasta marzo del año pasado.
Antes, pasó por el Consejo de Estado, que acordó que la norma debería entrar en vigor el pasado enero, al mismo tiempo que el reglamento europeo Priips (Package Retail Investment Products), que obliga informar de los peligros de los productos ligados a la evolución de otro activo, como los depósitos y los bonos estructurados, los fondos cotizados (ETF) y todos los derivados.
