La Agencia Tributaria usa al 80% de su plantilla al control de autónomos y pymes
Sólo un 20% de los recursos se destina a perseguir delitos fiscales de multinacionales
La Agencia Tributaria emplea al 80% de su plantilla a controlar a autónomos, microempresas y pymes y solo al 20% de sus empleados a perseguir delitos de multinacionales y grandes grupos empresariales. Lo denuncian los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) que han alertado de una caída en la recaudación en la lucha contra el fraude. Esta situación, según un comunicado recogido por Europa Press, se debe a la limitación de las competencias de los técnicos de Hacienda.
En palabras de técnicos de Gestha, desde 2010 la Agencia Tributaria ha reforzado la investigación de los contribuyentes con menores recursos. La deuda liquidada el año pasado fue un 10% inferior a la de 2010. En concreto, detallan que se recaudaron 624 millones menos. El importe medio de la deuda liquidada por el contribuyente también cayó en 2017 un 20% con respecto a 2010.
Caída de denuncias
Siguiendo esta línea, los técnicos de Gestha advierten que 2016 fue el quinto año consecutivo de caídas en las denuncias de delitos. Apuntan a que ese año solo se tramitaron 226 denuncias , un 77,7% menos.
En 2011 se tramitaron 1.014 delitos, destacando escándalos como los Papeles de Panamá, el Football Leaks o los Papeles del Paraíso.
Los técnicos reclaman más información sobre los delitos fiscales denunciados. Entre los datos que piden destacan los ingresos percibidos en ejecutiva, los recibidos de las liquidaciones y actos de gestión recaudatoria. Estos datos, que reflejan la totalidad de los resultados económicos de la lucha contra el fraude, sí se publicaban en el año 2015.
El sindicato sospecha de una caída de las denuncias. Los técnicos advierten, según Europa Press, que se ha omitido publicar dicha información para ocultar una caída de los delitos fiscales que ha descubierto la Agencia Tributaria en 2017.
Por último, piden que se cree un plan “realista y eficiente” en la lucha contra el fraude. El objetivo sería recaudar unos 40.000 millones a medio plazo a fin de reducir el 25% al que asciende la economía sumergida en España.
