Entra en vigor la Ley que facilitará a la pyme acceder a licitaciones
La nueva Ley de Contratos del Sector Público, que entra en vigor el viernes, garantizará la libre concurrencia en procesos de contratación pública
La nueva Ley de Contratos del Sector Público entra en vigor el próximo viernes, 9 de marzo. La norma facilitará a las pequeñas y medianas empresas acceder a licitaciones de cualquier institución o administración pública.
Reforzar la transparencia y facilitar la participación de las pymes en los concursos públicos es el objetivo de esta ley. El Ministerio de Hacienda prevé crear, informan desde la Agencia Efe, una oficina independiente que garantice la libre concurrencia en los procesos de contratación pública.
Entre las singularidades de la ley, destaca que las empresas de nueva creación no tendrán que acreditar el haber realizado anteriormente trabajos para la administración pública si quieren acceder a un contrato. También se han reducido los años para demostrar la solvencia técnica, de 10 a 5 en contratos de obras y de 5 a 3 en los de suministros y servicios.
Se refuerza, asimismo, la protección de las subcontratas. Para ello se elimina una cláusula que permitía a las grandes empresas saltarse los plazos de pago. A partir del viernes la Administración podrá pagar directamente a las subcontratas.
Mayor publicidad en contratos menores
Por otro lado, la ley contempla incrementar la publicidad en los contratos menores y de adjudicación directa en aquellos que no superen los 40.000 euros, si se trata de contratos de obras; o los 15.000 euros, si son de suministros.
Uno de los aspectos más polémicos de la ley consiste en la modificación de obras ya adjudicadas. Hasta ahora, no se podía superar el 20% del importe ya contratado. A partir de la entrada en vigor de la nueva ley, cualquier modificado de obra deberá ser público y otra empresa podrá recurrirlo si lo considera susceptible de una nueva adjudicación.
Control de pymes
Según la Agencia Efe, la normativa publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) obligará a las administraciones públicas a responder a un cuestionario sobre las dificultades que han encontrado en la participación de las pymes en los concursos públicos. Deberán informar sobre el porcentaje de pymes respecto al total de licitadores participantes y de hacer propuestas encaminadas a eliminar sus dificultades de acceso a estos concursos.
