La UE pacta la equiparación salarial de trabajadores desplazados con los nacionales
La nueva directiva afecta a más de dos millones de empleados España ha impedido que la norma se aplique al gremio de los transportistas
La Unión Europea ha logrado en la madrugada del jueves un principio de acuerdo para endurecer la directiva comunitaria sobre trabajadores desplazados. El pacto prevé la equiparación salarial entre los trabajadores desplazados temporalmente a otro país y los locales, lo que podría suponer una mayor retribución para más de dos millones de empleados. El proyecto de directiva también fija un período máximo de desplazamiento de 12 meses, con posibilidad de prórroga justificada hasta 18. Transcurrido ese plazo, el trabajador podrá acogerse a la legislación laboral del país de destino si es más favorable que la de su país de origen.
La directiva actual solo exige una remuneración igual al salario mínimo del país donde se desplaza el trabajador, lo que ha generado un dumping laboral en sectores con gran movilidad laboral como la construcción. La norma también ha facilitado el desplazamiento cuasi permanente de trabajadores procedentes de países más pobres hacia otros más ricos, con unos salarios inferiores a los habituales en el país de destino. Entre 2010 y 2014, el número de trabajadores desplazados aumentó en un 40% hasta casi dos millones de empleados.
"Estoy muy contenta de anunciar que, tras una larga reunión, hemos logrado un consenso", ha señalado en rueda de prensa Zornitsa Roussinova, viceministra de Empleo de Bulgaria, país que preside durante este semestre la UE. El acuerdo se ha negociado entre la presidencia búlgara y las representantes del Parlamento Europeo, con la mediación de la comisaria europea de Empleo, Marianne Thyssen.
El texto todavía debe ser ratificado por los representantes de los 28 países de la UE (el 14 de marzo) y por el pleno del Parlamento. Pero Bulgaria confía en que salga adelante y desbloquee una reforma empantanada desde hace meses por el choque entre los países partidarios de endurecer el control de los trabajadores desplazados para combatir el dumping salarial (como Francia o Bélgica) y los que temen un impacto en su exportación de trabajadores (los países de Europa central y del Este, con Polonia al frente).
España se había alineado con los socios partidarios de frenar la directiva por temor a las repercusiones en el sector del transporte por carretera. Pero ha logrado que la directiva no se aplique a los camioneros por lo que el Gobierno español parece dispuesto a secundar el acuerdo alcanzado este jueves. "En principio, a falta de conocer todos los detalles, España puede apoyar el acuerdo", señalan fuentes diplomáticas.
Bruselas, sin embargo, no ha renunciado a equipar salarialmente a los camioneros desplazados con los locales. Comisión, Consejo y Parlamento negocian ya otra norma para aplicar la directiva de desplazamiento en el sector del transporte, en concreto, a partir del cuarto día en que un camionero preste sus servicios fuera de su país de residencia. España está en contra de la medida porque, según fuentes del Gobierno, "daña la competitividad de los países periféricos y el transporte desde esos países o hacia ellos".
Al alza
La nueva directiva era una prioridad de la actual Comisión Europea, presidida por Jean-Claude Juncker desde 2014, a la vista del aumento en el número de trabajadores desplazados, en particular, durante la crisis de la zona euro. Entre 2010 y 2015, España dobló el número de trabajadores desplazados a otro país hasta los 125.711, según los datos de la CE. En el mismo período, Polonia, país que lidera la exportación de trabajadores, aumentó un 74%, hasta 463.000 trabajadores. El 23% de todos los trabajadores desplazados en Europa son polacos.
La Confederación Europea de Sindicatos celebra el acuerdo alcanzado este jueves y espera que suponga "un aumento de sueldo para los dos millones de trabajadores desplazados". La Confederación reclamaba una revisión de la directiva desde 2007, cuando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia europeo "socavó", según los sindicatos, las garantías recogidas en la norma actual.
