Santander defiende que no puede ser sancionado por las acciones de Popular previas a su resolución
Alega que se trata de una compañía diferente Trata de evitar una sanción de la CNMV por las indemnizaciones de los exdirectivos del banco caído
Banco Santander considera que las autoridades públicas no pueden imponer sanciones contra la entidad por las acciones u omisiones acometidas por Banco Popular antes de su resolución al tratarse de una entidad diferente a la intervenida por las autoridades comunitarias.
Así se desprende de las alegaciones del banco cántabro a un expediente sancionador abierto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por el que el supervisor podría sancionar a Popular, actualmente filial de Santander, con hasta un millón de euros por no informar de forma clara en los ejercicios 2013, 2014 y 2015 de la indemnización en forma de pensión que recibirían tras su cese, y hasta la edad legal de jubilación, los consejeros ejecutivos de la entidad.
En el documento, el banco alega que el 'nuevo' Popular es "la misma persona jurídica" que la entidad resuelta, pero que, en la realidad material, jurídica y económica se trata de "otra entidad" gracias al "esfuerzo" de Santander, "la única entidad que estuvo dispuesta a comprar Popular".
"Esta incontestable realidad tiene un efecto claro sobre este expediente: el 'nuevo' Banco Popular no puede ser sancionado por las autoridades públicas por las acciones u omisiones del 'antiguo' Banco Popular", asegura Santander.
Asimismo, Santander asevera que las autoridades mantuvieron la personalidad jurídica de Popular por razones de interés público y estabilidad financiera, pero insiste en que en la práctica se trata de una nueva entidad.
"Ni su patrimonio, ni sus administradores, ni sus accionistas, ni sus políticas y directrices de actuación se mantienen. Es otro banco, aunque para mantener la confianza de los mercados y garantizar la continuidad de las relaciones, las autoridades competentes hayan decidido conservar su personalidad jurídica", expone el banco.
Además, la entidad que preside Ana Botín subraya que el saneamiento aplicado en Popular "ha evitado el terrible impacto que hubiera tenido sobre el mercado financiero español el concurso de Banco Popular", que hubiera supuesto un coste de 36.000 millones de euros para los contribuyentes, según aseguró el Ministerio de Economía.
Sin irregularidades
En cualquier caso, Banco Santander entiende que en los Informes Anuales sobre Remuneraciones de los Consejeros de Popular de los años 2013, 2014 y 2015 --cuya falta de transparencia es la que pretende sancionar la CNMV, según adelantó 'El Mundo' el lunes-- no se ha introducido ningún dato falso o engañoso en relación con la compensación por prejubilación.
"Por lo tanto, ninguna conducta del antiguo Banco Popular puede encuadrarse dentro del tipo de la infracción grave imputada y, por ende, no procede la imposición de ninguna sanción", indica Santander, que, además, incide en que la compensación por prejubilación estaba prevista en los Estatutos de Popular.
