La banca intenta que el Gobierno tramite una ley para cobrar la deuda de Castor
Santander, Bankia y Caixabank buscan un pacto “imposible” En paralelo, estudian acciones contra Enagás o el Estado, o contra ambos
El día después de que la CNMC publicara la última liquidación mensual del sistema del gas (la de noviembre) en la que ya no figura el pago de la deuda del almacén Castor que fue titulizada en 2014 por Santander, Caixabank y Bankia en aplicación de la sentencia del Constitucional que anula estos pagos, y de que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, dejase claro en el Congreso de los Diputados, que no va a hacer nada al respecto, ha llegado la hora de los bancos.
En estos se guarda silencio (“lo estamos estudiando”, es la respuesta oficial) sobre las posibles vías de reclamación que piensan utilizar para recuperar una deuda cifrada en 1.359 millones de euros. El propio Nadal auguró el miércoles una “gran litigiosidad entre privados”, sugiriendo que las entidades irán a los tribunales, pero no contra el Estado, sino contra Enagás Transporte, actual concesionaria del almacén clausurado.
Fuentes empresariales aseguran que, en principio, las tres entidades afectadas, de una manera sindicada, van a intentar convencer al Gobierno de que tramite una ley para dar solventar la sentencia del Constitucional del pasado 21 de diciembre, que ha anulado varios artículos del real decreto ley 13/2014 de 3 de octubre, por el que se aprobó la hibernación de la planta y su concesión a Enagás tras la renuncia de su anterior concesionaria, Escal, participada por ACS.
Teniendo en cuenta que el Constitucional no ha puesto en cuestión la compensación por la inversión, sino que la urgencia que llevó al Gobierno a incluirla en un RDL no se justificaba, por lo que debía haber tramitado una ley, las entidades van a negociar con el Gobierno que solvente “el defecto” con un proyecto de ley, según las mismas fuentes. Se pueden contar con los dedos de las manos las veces que el TC ha anulado RD-Leyes por motivos de urgencia, ya que el tribunal “suele ser muy laxo” en estos casos, señalan fuentes jurídicas.
Un portavoz del Ministerio de Energía asegura que, por el momento, las entidades (enfrascadas estos días en la presentación de sus resultados anuales) no han solicitado ninguna reunión con el ministro, Álvaro Nadal, ni el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia.
No obstante, fuentes próximas a las acreedoras de Castor, confirman que, dada la poca fe en una solución política, sus abogados están estudiando a quién demandar: al Estado, al que reclamaría una responsabilidad patrimonial, a Enagás, como cedente de la deuda, o a ambos.
Y es que la tramitación de una ley ordinaria para que Santander, Bankia y Caixabank puedan volver a cobrar su deuda es una opción que tanto el Ejecutivo, como el Grupo Popular han descartado totalmente. Ni siquiera lo van a intentar, pues saben de antemano que ningún partido político respaldaría una norma sobre una cuestión tan polémica (no hay que olvidar que el PSOE fue uno de los que recurrentes ante el Constitucional, junto con la Generalitat de Cataluña y el Parlament).
Es más, tampoco lo habrían hecho, aseguran en ámbitos políticos, de tener mayoría absoluta, pues se quedarían igualmente solos. Una ley ordinaria podría terminar de tramitarse en la primavera del próximo año, coincidiendo con las elecciones municipales.
La actitud pasiva por la que ha optado el ministerio, tras verse en un callejón sin salida, coloca la pelota en el tejado de los bancos. En su comparecencia el miércoles en la Comisión de Energía del Congreso, Álvaro Nadal, defendió ardientemente la aprobación del RDL de Castor en 2014 para evitar un default del banco Europeo de Inversiones (BEI), hasta entonces accionista y avalista del proyecto. No parece importarle, sin embargo, al titular de Energía, abocar a otro default a los tres bancos españoles o a Enagás, operador del sistema del gas y transportista.
Litigios
En un principio, Santander, Bankia y CaixaBank, que van a hacer un frente común para cobrar su deuda, podrían pedir una responsabilidad patrimonial al Estado legislador, por haber legislado mal, si bien, hay pocos precedentes. En ese caso, de ganar el pleito, sería el Tesoro (los contribuyentes) el que pagara la cuenta.
En cuanto a una posible denuncia a Enagás, es complicado conocer los argumentos de los bancos, pues los contratos son confidenciales y se desconocen las garantías que haya podido ofrecer la compañía que preside Antonio Llardén, que cedió los derechos de cobro contra el sistema del gas (o la factura de los consumidores) a los bancos. Se sabe que estos firmaron un tipo de interés del 4,3% por una deuda a recuperar en 30 años. Según el RDL del rescate de Castor, “el titular de la deuda o el de la cesión, en su caso, se consideran sujetos del sistema de liquidación (..) teniendo esta partida prioridad de cobro sobre el resto de costes del sistema”.
Según el Código Civil, el cedente de una deuda “responde de la existencia del crédito pero no de la solvencia del pagador”, señala un abogado, quien añade que el derecho de cobro de la banca es contra el sistema, no contra Enagás. Y el sistema gasístico no tiene personalidad juridica, por tanto, sería el Estado.
Devolución de lo cobrado desde 2014
El ministro de Energía, Álvaro Nadal, aseguró el miércoles que inmediatamente después de publicada la sentencia del Constitucional en el BOE, el 16 de enero, pidió a la CNMC que dejara de pagar en la siguiente liquidación del gas, la partida de la hipoteca de Castor a los bancos acreedores. Sin embargo, los servicios jurídicos del organismo ya venían estudiando el caso desde finales de diciembre y el consejo había optado hace semanas por no pagar dicha partida en aplicación de una sentencia que anula la compensación.
Con esta petición y la que ha cursado al supervisor para que estudie cómo reclamar las cantidades cobradas por las entidades desde 2014 (más de 240 millones de euros), el ministerio considera que habrá aplicado la sentencia del Constitucional y que no necesita hacer nada más, “porque no podemos hacer nada más”, indican en Energía.
Respecto a la citada devolución, la CNMC ya viene trabajando en ello desde hace algún tiempo. El organismo debería incoar un procedimiento de revisión o de lesividad para dejar sin efecto estos pagos. Los bancos han cobrado 80 millones al año a través de las liquidaciones que son definitivas, salvo las de 2017 que aún son provisionales. También Enagás ha dejado de cobrar por el mantenimiento de la planta (unos ocho millones el año pasado), si bien el ministerio se ha comprometido a que cobre porque el mantenimiento tiene un coste.
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