El PSOE no apoya el ajuste de Nadal a las energéticas y pide una reforma en profundidad

Los socialistas no apoyan la medida que califican de “chapuza jurídica”

Una de las enmiendas propone cambios en la retribución de la electricidad

El ministro de Industria, Álvaro Nadal
El ministro de Industria, Álvaro Nadal

El Grupo Socialista no está dispuesto a respaldar el paquete de enmiendas energéticas que, cual caramelo envenenado, ha introducido el Partido Popular en el Senado al texto de la ley de medidas urgentes para paliar la sequía que sí había apoyado en el Congreso.

 A propuesta del ministro de Energía, Álvaro Nadal, una de las enmiendas introduce un cambio regulatorio en los parámetros de retribución de las distribuidoras y transportistas de gas, que supondría un recorte de los ingresos regulados de Gas Natural Fenosa, Enagás, Naturgas, Madrileña Red de Gas y Redexis que el propio Gobierno calcula en 375 millones de euros anuales a partir de la aprobación y desarrollo de la ley (probablemente ya en 2019). Por volumen, la más afectada sería Gas Natural (casi 200 millones), pero en términos relativos, teniendo en cuenta su tamaño, sería Enagás (90 millones)

Pero esta no es la única enmienda energética importante que el ministerio ha colado en el trámite de la ley de la sequía. Otra más, a la que ha tenido acceso CincoDías, incluye un ajuste de los ingresos a las redes de distribución y transporte de electricidad. Este afectaría de plano a cuatro de las cinco grandes eléctricas (Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo) y, en menor medida a Endesa. También a Red Eléctrica, transportista y operador del sistema.

En estos casos, el ministerio propone un ajuste en la remuneración de los llamados factores de retardo (las redes comienzan a retribuirse dos años después de su puesta en marcha) previstos en la actual normativa. Estos se calculan ahora tomando como referencia un tipo de interés de mercado que ahora resulta excesivo (el 6,5% menos las obligaciones del Estado a 10 años en 2013, más 200 puntos básicos), para esos dos años entre la autorización y el comienzo de devengo de la retribución.

Estas modificaciones que en el caso de REE afectarán a todas sus instalaciones en servicio y en el de las distribuidoras, a la retribución base y a la derivada de instalaciones puestas en servicio con posterioridad al año base y a la remuneración por operación y mantenimiento.

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También, con carácter extraordinario, Energía propone revisar la vida residual promedio de las instalaciones que no hubieran superado la vida útil regulatoria de 40 años. Una medida con la que pretende acabar con irregularidades en la amortización de los activos.

Dicha vida residual para el cálculo de la retribución (año 2018) es de 19,137 años para Iberdrola; de 20,9 años para Unión Fenosa; 18,52 años para Viesgo y 17,91 para EDP (Hidrocantábrico). En otras palabras, Iberdrola perdería cuatro años de retribución; Gas Natural, dos; Viesg, casi cinco años y EDP, unos siete años.

En el caso del sector eléctrico, a diferencia de la enmienda relativa al del gas, el Gobierno no ofrece en su justificación de la enmienda un cálculo sobre el recorte total ni por empresas. Tampoco lo justifica, como en el caso del sistema gasista, por la generación de un déficit de tarifa. Muy por el contrario, el eléctrico acumula un superávit superior a mil millones.

Un no por respuesta

Los socialistas consideran que se trata de una nueva trampa del titular de Energía, como lo fue el decreto sobre el cierre de centrales, en la que no están dispuestos a caer. En ámbitos del PP cunde la certeza de que no contarán con el apoyo del principal partido de la oposición, que se limitará a respaldar las medidas relativas a la lucha contra la sequía. Concretamente varias enmiendas sobre calidad del aire, autoconsumo para regantes, lucha contra el fraude en las gasolineras, puntos de recarga del coche eléctrico y reducción de emisiones de CO2 de grandes buques en los puertos.

Fuentes socialistas aseguran que, en medio de la negociación de distintas enmiendas sobre la sequía, el titular de Energía se arrancó con lo que consideran una especie de reforma del sector energético que, aunque compartan en ciertos aspectos, “es una chapuza jurídica”. Máxime cuando el partido que lidera Pedro Sánchez viene reclamando un debate sobre un nuevo modelo energético en el marco de la futura Ley de Transición Energética y Cambio Climático, que el PP rechaza.

A pesar de que el Gobierno lo ha vendido como “un paquete para reducir los costes del sistema”, el PSOE ha dado un no por respuesta. Por lo tanto, las pérdidas de 3.100 millones en Bolsa que han sufrido las energéticas en apenas dos días tras la filtración de las enmiendas, habrán resultado gratuitas. Y es que la simple intención de Nadal de proceder a nuevos e inesperados recortes ha desencadenado el pánico entre los inversores de un sector en que abundan los fondos, especialmente, en el capital de Enagás y REE.

 

Pérdidas de 3.100 millones en dos días

Las empresas eléctricas y las de gas sufrieron ayer un nuevo batacazo,con un as pérdidas de 1.420 millones de euros, con lo que han acumulado en dos días 3.160 millones de euros. La filtración de la enmienda del Gobierno con unos recortes para las redes de gas de 375 millones anuales y de los rumores de un ajuste adiciones (sin concretar) a las eléctricas han obrado la debacle.

Enagás fue el valor más castigado en la sesión de ayer, con una caída del 3,75%, hasta 21,55 euros por título, mientras que Gas Natural Fenosa perdió un 2,58%. No se libraron de la quema REE, con un descenso del 1,87%; Iberdrola, con -1,027% y Endesa, con otro -0,66%) (esta eléctrica fue la que más cayó el lunes, pese a que los cambios propuestos le afectan en menor medida).

La patronal del sector gasista, Sedigas, se mostró ayer sorprendida por la intención del Gobierno de modificar el cálculo de la retribución del modelo gasista y le pidió que reconsidere su intención de introducir ajustes en una enmienda a la ley de la sequía. Algo que, según la asociaicón, se contravendría lo establecido en la ley de reforma del sector aprobado por este mismo Gobierno en 2014.

También han clamado contra la medida, o contra las formas, cuando menos, los fondos de inversión de las energéticas. Los analistas reiteran la falta de seguridad regulatoria y jurídica de medidas así abordadas.

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