Una ofensiva europea común contra la obsolescencia programada

Bruselas aumenta la vigilancia contra esta práctica tras la apertura de una investigación en Francia sobre Apple y Epson

Europa parece dispuesta a coger por lo cuernos a uno de los toros más polémicos de la industria de consumo actual: el problema de la obsolescencia programada. Bruselas ha puesto el foco, de momento en términos de vigilancia y recopilación de información, sobre esta práctica ilegal, que consiste en precipitar la caducidad de productos y recambios de bienes de consumo para acortar su vida útil y obligar a los consumidores a adquirir otros nuevos. La alerta de Bruselas llega después de que Francia se haya convertido en el primer país europeo que abre una investigación sobre esta cuestión, en concreto, contra Apple y Epson, a las que acusa de una presunta utilización de la obsolescencia programada en sus productos. En caso de que esas acusaciones se concreten y se confirme que el problema tiene dimensiones europeas, dada la naturaleza multinacional de ambas empresas, la CE está dispuesta a abordar una respuesta común.

Además de quienes se oponen a la obsolescencia programada por muy diferentes y buenas razones –por ejemplo, el daño medioambiental que esta conlleva por la ingente cantidad de residuos a que puede dar lugar–, el primer argumento para investigar y penalizar esta práctica es que se trata de una forma de fraude masivo, llevado a cabo desde la industria y focalizado en el eslabón más débil de la cadena comercial: el consumidor. Las grandes fábricas, las centrales nucleares o la fabricación de material altamente sensible –como el armamento– no constituyen el foco de la obsolescencia programada, sino que esta se concentra en el segmento del consumo. Entre las incógnitas que cualquier investigación debe abordar es si se trata de una práctica circunscrita a un determinado sector o perfil de fabricante o si está presente de forma generalizada y plenamente arraigada en el mercado. Responder a esa pregunta es el primer paso para poder elaborar una regulación realista, transparente y eficaz.

La ofensiva contra la obsolescencia programada requiere de algo más que de vigilancia y normativa. Exige también una seria dosis de reflexión y de autocrítica no solo por parte de la industria, sino también de los consumidores. El caldo de cultivo que ha alimentado y tolerado la producción de bienes con una vida útil cada vez más y más corta se nutre de condicionantes sociológicos muy presentes en las sociedades de consumo, como el culto a la novedad por encima de la calidad, algo que los expertos en esta cuestión denominan obsolescencia de deseo. Si la investigación de Bruselas prospera, la CE tiene ante sí una importante y difícil batalla regulatoria que librar.