Facua pedirá a la Fiscalía que investigue si Apple cometió delitos al ralentizar los iPhone

La organización cree que la compañía ha podido incurrir en dos delitos y que podría acarrearle importantes multas

La acción llega tras conocerse que la fiscalía francesa ha abierto una investigación a la firma

Un iPhone 7 de Apple.
Un iPhone 7 de Apple.

A Apple se le complica la crisis por ralentizar deliberadamente los iPhone con baterías antiguas. Si hace unos días fue la fiscalía francesa quien ponía en marcha una investigación por supuesta obsolescencia programada en sus móviles, algo prohibido por la legislación gala desde 2015, ahora es Facua quien ha comunicado que presentará esta semana una denuncia ante la fiscalía para solicitar que investigue si la compañía estadounidense incurrió en prácticas delictivas al ralentizar sus iPhone de forma deliberada y sin previo aviso con el fin de acelerar su reemplazo.

En una nota en su web, Facua advierte que se trata de la primera actuación que lleva a cabo la asociación ante "este grave caso de obsolescencia programada fraudulenta", al que seguirán otras denuncias, advierte. La asociación considera que de los hechos que han trascendido se podrían desprender posibles conductas delictivas por parte de la multinacional estadounidense.

"Apple podría haber incurrido, entre otros, en uno de los delitos contra los consumidores tipificados en los artículos 278 a 286 del Código Penal y en el nuevo delito de sabotaje informático, incorporado tras su reforma de 2015 a través de los artículos 264 y 265", continúa esta organización.

Con esta acción, Apple puede correr la misma suerte que Volkswagen, quien también fue denunciada ante la fiscalía por el software que utilizó la automovilística para manipular las emisiones contaminantes en sus vehículos diésel. Si la investigación concluyera que ha habido fraude a los consumidores, la compañía podría enfrentarse a multas millonarias. Algo que también puede ocurrirle en Francia, donde la fiscalía francesa abrió la investigación tras la denuncia de la asociación Alto a la obsolescencia programada (HOP). En EEUU, Apple se enfrenta a alrededor de una decena de demandas colectivas y otra en Israel. 

Desde Facua se recuerda que tras estallar el conocido como batterygate, Apple se ha limitado a pedir disculpas y a ofertar a los afectados la compra de una batería nueva con un descuento, "medidas claramente insuficientes", según esta organización. Apple reconoció en diciembre que un algoritmo reduce la potencia de los terminales según se degrada la batería y que en la versión 10.2.1. de iOS introdujo un sistema por el que el procesador quedaría limitado por el estado de la batería: la potencia queda supeditada al voltaje que sea capaz de ofrecer esta pieza.

Apple siempre ha defendido que ha llevado a cabo esta práctica para evitar que los iPhone viejos se colapsaran y apagaran de forma inesperada. En definitiva, para alargar la vida de los terminales y que los usuarios tuvieran una mejor experiencia en el uso de dichos equipos. Sin embargo, diferentes asociaciones de consumidores han visto en esta acción una clara intención de la compañía de impulsar las ventas de su último terminal.

Facua critica en su nota que ninguna de las 17 autoridades autonómicas de protección al consumidor haya anunciado actuación alguna "ante las graves irregularidades cometidas por Apple", como tampoco lo ha hecho, dicen, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), dependiente del Ministerio de Sanidad.

"La absoluta pasividad de las administraciones de consumo es habitual ante los fraudes masivos", denuncia la asociación, que recuerda que las comunidades autónomas tienen competencias para imponer multas proporcionales ante las dimensiones de las irregularidades cometidas. En cuanto al Ministerio, que ni siquiera ha instado a Apple a compensar económicamente a los afectados, puede emprender actuaciones judiciales ante un caso de fraude, algo que no ha hecho ni ante éste ni ante otros casos de envergadura".

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