Los riesgos de los nuevos proyectos adjudicados en las subastas de renovables en España

Los proyectos de energías renovables ganadores de las tres últimas subastas de energía, celebradas en España en 2016 y 2017 (subastas IFER), deberán estar construidos y operando antes del mes de diciembre del año 2020, un plazo que resulta muy corto y supone ciertos riesgos.

Molinos aerogeneradores y panel de energía fotovoltaica en Santa Cruz de Tenerife.
Molinos aerogeneradores y panel de energía fotovoltaica en Santa Cruz de Tenerife. EFE

Los proyectos de energías renovables ganadores de las tres últimas subastas de energía, celebradas en España en 2016 y 2017 (subastas IFER), suman aproximadamente una potencia de 8GW. Para tener un orden de magnitud sobre esta cifra, cuando estos proyectos estén construidos podrían generar energía para más de 5 millones de hogares españoles.

Uno de los requisitos más llamativos impuestos a los proyectos adjudicados en la subasta, es que deberán estar construidos y operando antes del mes de diciembre del año 2020. Teniendo en cuenta que muchos de los proyectos adjudicados están en un grado muy inicial de desarrollo, es un plazo relativamente corto. Esto, sumado al gran número de proyectos adjudicados (más de sesenta) y el gran tamaño de algunos de ellos, provoca que a día de hoy existan una serie de riesgos a tener en cuenta y que para entenderlos, sea necesario echar la vista unos años atrás.

Los cambios regulatorios en la legislación aplicable al sector energético que han tenido lugar en España desde el año 2012, han hecho que en España prácticamente no se hayan instalado nuevos proyectos renovables durante los últimos 5 años. En este periodo, el mercado renovable nacional ha estado limitado a transacciones de compra-venta de proyectos en operación y a refinanciaciones de los proyectos ya existentes.

Dichos cambios regulatorios generaron, entre otras consecuencias, una fuga de empresas del sector que tuvieron que salir en busca de otros mercados a nivel internacional, aparentemente más rentables. Entre estas empresas, se encontraban tanto generadores independientes de electricidad (también conocidos como IPP por sus siglas en inglés Independent Power Producers) como promotores de proyectos renovables. Muchos de éstos últimos, claves para el sector, abandonaron el negocio del desarrollo de proyectos en España por falta de seguridad en cuanto al retorno de la inversión. Tanto la fuga de empresas como el abandono de los proyectos hacen que a día de hoy sean muy pocos los proyectos con un estado de desarrollo y avance razonable como para cumplir lo hitos temporales establecidos por las subastas.

Por lo tanto, en España nos encontramos con un gran número de proyectos renovables adjudicados en las subastas que dado el estado de desarrollo en el que se encuentran, pueden no llegar a cumplir algunos de los requisitos de los pliegos de las mismas. En este sentido, podríamos decir que existen varios riesgos asociados a esta situación, pero hay uno que llama la atención considerablemente a corto plazo: la importante suma económica que los proyectos de la subasta tuvieron que presentar en forma de garantías bancarias para formar parte de la misma y que en caso de no cumplir con las condiciones establecidas, podrían ser ejecutadas.

Para poder cuantificar este riesgo, basta con pensar en que tan solo en la última de las subastas que tuvieron lugar este año, las garantías que cada proyecto tenía que presentar ascendían a 60.000€ por cada megawatio de potencia ofertado. Como ejemplo, varias empresas fueron adjudicadas con potencias totales que sumaban entre 200 y 400MW, o lo que es lo mismo, tuvieron que presentar avales por 12 y 24 milllones de euros respectivamente.

Es decir, a nivel global, actualmente existen más de 300 millones de euros en garantías aportadas que para aquellos proyectos que no puedan llegar a cumplir los tiempos de la subasta, podrían estar en peligro.

Eloy Márquez, responsable internacional de desarrollo de negocio en materia energética de Ontier

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