El cliente hará frente a un máximo de 50 euros en caso de robo de su tarjeta

Hasta ahora el usuario respondía hasta los 150 euros

Economía somete a audiencia pública hasta el 16 de enero el anteproyecto de ley de servicio de pagos

Un hombre realizando una compra online con su tarjeta de crédito
Un hombre realizando una compra online con su tarjeta de crédito

El Ministerio de Economía ha sometido a audiencia pública hasta el 16 de enero el anteproyecto de la nueva ley de servicios de pago por la que se regulará el acceso de terceros a la información bancaria de un cliente necesaria para realizar un pago, aunque con su consentimiento previo. Con esta norma, que traspone la directiva europea PSD2, Economía regula el nuevo régimen de operadores para los servicios de pago al introducirse la figura del iniciador de pagos y la del proveedor de información.

Con esta nueva normativa, que lleva cierto retraso sobre la entrada en vigor de la directiva europea que lo hará el 13 de enero, se espera una avalancha de nuevos operadores o agregadores de cuentas que competirán directamente con la banca tradicional, ya que estas entidades deberán facilitarles las cuentas de clientes siempre que estos lo autoricen.

Así, en una compra realizada por un cliente en un comercio electrónico en la que el pago no se haga con tarjeta, sino vía transferencia, el iniciador de pago sería el encargado de realizar la transferencia con los datos del cliente, a los que tendría acceso tras recabar su consentimiento. Por su parte, los proveedores de información de cuentas actuarían como agregadores de estos productos, un servicio que en España ya realiza Fintonic.

Estos operadores tendrán derecho a acceder a la infraestructura de los bancos, previa solicitud de una licencia para actuar como iniciadores de pago o como proveedores de información de

cuentas.

El anteproyecto simplifica el proceso de autorización de estos operadores en función de su tamaño y de que no cuenten con un pasaporte comunitario. De esta forma, se permitirá a las fintech entrar en el mercado “de forma relativamente sencilla”, explican fuentes de Economía.

La barrera que se ha fijado para determinar un registro por parte del Banco de España menos exigente, o con mayores condiciones para las empresas de servicio de pago será hasta los 36 millones de euros de negocio anuales o el equivalente a 3 millones de euros mensuales.

Esta norma reduce, además, el plazo de resolución de las reclamaciones que los clientes presenten ante sus entidades en relación con la prestación de servicios de pago. Pasa de los dos meses actuales a los 15 días una vez que entre en vigor la normativa, que en el caso de la ley española se espera que se apruebe en el primer semestre para ser totalmente operativa tres meses después (la norma fija un trimestre de adaptación), explica Economía.

Además, se reduce la cantidad de la que se responsabiliza el cliente en el caso de un robo de la tarjeta de crédito o de una transferencia realizada sin autorización desde 150 euros a 50 euros, como establece la directiva. El anteproyecto de ley dice textualmente que “el ordenante podrá quedar obligado a soportar, hasta un máximo de 50 euros, las pérdidas derivadas de operaciones de pago no autorizadas resultantes de la utilización de un instrumento de pago extraviado o sustraído”. Aunque hay varias excepciones para evitar que el consumidor pierda este dinero.

En cuanto a las reclamaciones, el cliente podrá reclamar a su banco al agregador, o incluso a los dos, aunque la banca teme que el usuario prefiera protestar a su entidad financiera.

Otras claves

Incertidumbre. La banca afrontará un periodo de incertidumbre legal desde la entrada en vigor de la directiva europea de medios de pago PSD2 hasta su trasposición a la normativa española, con nuevos requisitos sobre protección al cliente y una agilización en la entrada de nuevos operadores al sector.

Cuentas. En España hay registradas un poco más de 120 millones de cuentas y depósitos (concretamente, 120.047.770). Pese a este elevado número, fuentes de Economía aseguran que los registros de las cuentas permanecen incluso después de que se cancelen por un período de 10 años, por lo tanto, un porcentaje de esas cuentas totales no están hoy día operativas, sino que son productos antiguos. De esta forma, hay actualmente 103.069.967 de cuentas vigentes (no canceladas).

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