La UE impone objetivos obligatorios de inversión en la industria de defensa
Nace la política común de defensa y seguridad en Europa Los europeos invierten en defensa el 50% que EE UU pero solo logran un 15% de sus resultados
La cumbre europea de este jueves en Bruselas ha proclamado la puesta en marcha de una política común de seguridad y defensa (PESCO, por sus siglas en inglés), suscrita por 25 de los 28 miembros de la UE (todos, excepto Reino Unido, Dinamarca y Malta).
Por primera vez, los países europeos se comprometen a incrementar de manera progresiva el gasto en defensa con objetivos vinculantes en capítulos como el de inversión (deberá suponer el 20% del gasto de defensa) o el de investigación y desarrollo (debe alcanzar el 2% del gasto de defensa).
La nueva política común pretende ser un revulsivo para la industria europea de armamento y aeroespacial y llega, en parte, como consecuencia de la insistencia de EE UU en que los aliados europeos de la OTAN aumenten el gasto en defensa.
El plan ya ha fijado 17 proyectos a desarrollar, que incluyen desde un prototipo europeo de vehículo blindado a una plataforma común de artillería, así como varias iniciativa de vigilancia marítima y de ciberseguridad.
La UE no oculta su intención de dar prioridad a las empresas europeas en el desarrollo de todos estos proyectos. Y el presupuesto comunitario podrá cubrir hasta el 30% de la inversión. Bruselas ya ha creado un Fondo Europeo que aspira a movilizar 5.500 millones de inversión al año.
Expulsión
Pero el objetivo no es solo aumentar el gasto en sino mejorar su eficiencia y contribuir al fortalecimiento de las empresas europeas del sector, incluidas las Pymes (pequeñas y medianas empresas).
“Los europeos invierten la mitad que EE UU pero solo consiguen el 15% de rendimiento”, lamenta la Alta Representante de Política Exterior, Federica Mogherini, una de las principales impulsoras de la nueva política común.
La PESCO intentará mejorar la rentabilidad de la inversión y para ello Bruselas someterá a vigilancia el gasto europeo en defensa, con una revisión anual de cada uno de los 25 socios.
Las normas incluso permiten expulsar (con un voto por mayoría cualificada) a los países que se retrasen en los compromisos o que no colaboren con el resto.