Más del 60% de desahucios son ya sobre inquilinos en alquiler
Los lanzamientos hipotecarios caen un 19% paralizados por los jueces El Gobierno asevera que sus medidas han suspendido 27.800 expulsiones de familias
La oleada de desahucios de familias de sus hogares que recorrió España como consecuencia de la crisis fue de tal magnitud que el Gobierno puso en marcha un paquete de medidas de protección para los colectivos más vulnerables hace ya un lustro. En este tiempo, sin embargo, la pandemia de impagos hipotecarios ha dado paso a un nuevo fenómeno por el que más del 60% de desahucios son ya sobre inquilinos que alquilan una vivienda.
Así lo refleja el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales”, que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho público este miércoles, que refleja que en el tercer trimestre de 2017 el número de lanzamientos total ascendió a 11.581.
El 60,2% de ellos, 6.969, fue consecuencia de procedimientos relacionados con la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 4.063, es decir, otro 35,1%, se derivó de ejecuciones hipotecarias, mientras que los 549 restantes obedecieron a otras causas.
Las cifras indican que el total de desahucios ha caído un 4,7% respecto al mismo periodo del año anterior, ya que mientras los lanzamientos relacionados con alquileres se elevan un 4,2%, los hipotecarios descienden un 18,7%.
Se trata además del noveno mes de caída de los desahucios hipotecarios. El paso previo al lanzamiento, las ejecuciones de los créditos que inicia la banca ha descendido un 39,3%. En el caso de viviendas habituales, la caída es del 60%. “Está siendo espectacular”, ha celebrado hoy en el Congreso de los Diputados el ministro de Economía, Luis de Guindos, que achaca la tendencia al paquete de medidas puesto en marcha por el Ejecutivo.
La realidad es que buena parte del descenso de las ejecuciones y lanzamientos hipotecarios registrado en los últimos meses tiene mucho que ver con la decisión de los jueces de paralizar este tipo de desahucios a la espera de que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) se pronuncie sobre la cláusula de vencimiento anticipado, aquella que permite al banco adjudicarse el inmueble ante los impagos del deudor.
El propio Tribunal Supremo ha elevado una cuestión prejudicial a la Corte de Luxemburgo sobre este asunto. “Es lo lógico: esperar la resolución del Tribunal de Justicia de la UE antes de tomar ninguna decisión”, señala Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, despacho especializado en derecho bancario y europeo. Bajo su punta de vista, estas cláusulas “no sólo son incompatibles con la directiva de consumo, sino también con la directiva hipotecaria que el gobierno está ultimando aunque sea fuera de plazo”.
Más allá, sin embargo, el Gobierno ha detallado este miércoles que las iniciativas puestas en marcha en 2012 para proteger a los deudores hipotecarios más vulnerables han beneficiado ya a unas 88.000 familias.
En concreto, el código de buenas prácticas que se instó a firmar a la banca ha facilitado 43.600 reestructuraciones de deuda hipotecaria y 7.456 daciones en pago, esto es, la entrega de la vivienda como única condición para cancelar la deuda.
En paralelo, la moratoria hipotecaria que el Gobierno viene prorrogando para las familias en riesgo de exclusión social ha paralizado 27.800 desahucios. De otra parte, el Fondo Social de Vivienda alimentado por la banca ha permitido ofrecer un alquiler social a 9.000 familias desahuciadas.
Más demandas por despido
El informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales”, publicado este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), también arroja otros datos estadísticos clave sobre la evolución económica.
Así, de una parte, el máximo órgano judicial refleja que en el tercer trimestre del año las demandas por despido en los Juzgados de lo Social han aumentado un 11,7% respecto al mismo periodo del año anterior.
Por otra parte, el informe indica que el número de concursos de acreedores presentados en el tercer trimestre de 2017, contabilizando los presentados en los Juzgados de lo Mercantil y los de personas físicas registrados en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción, fue de 1.645, es decir, un 3,3% más que del 1 de julio al 30 de septiembre de 2016.
