Rajoy urge al PSOE a llegar a acuerdos sobre financiación autonómica y enfría la reforma constitucional

La mayoría de comunidades reclama que País Vasco y Navarra aporten a la solidaridad

Rivera apuesta por un Gobierno en Cataluña formado por Arrimadas e Iceta

Sobre la mesa hay dos reformas pendientes que tienen vasos comunicantes. La reforma constitucional y la reforma de la financiación autonómica. En el punto álgido de la crisis en Cataluña, el PSOE arrancó del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el compromiso de abordar una renovación de la Constitución Española, aunque Moncloa no tiene ninguna prisa en hacerlo. El jefe del Ejecutivo alertó este miércoles en el Congreso durante la celebración del Día de la Constitución que antes de iniciar la reforma del texto constitucional hay que saber exactamente qué se persigue y alertó que el cambio no puede suponer una suerte de premio para los independentistas. Insistió en que la soberanía nacional no se negocia.

Más proactivo se mostró Rajoy ante el compromiso que adquirió durante la campaña electoral de reformar el modelo de financiación autonómica. Sin embargo, también avisó de que se trata de una empresa que el Gobierno no está dispuesto a acometer sin la colaboración del PSOE. De hecho, los socialistas gobiernan en siete comunidades autónomas y el PP, en cinco. Por este motivo, Rajoy insiste en que el PSOE es clave para sacar adelante el cambio. Los socialistas, por su parte, acusan al Gobierno de desidia y le urgen a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para iniciar la reforma del modelo que determina el reparto de los recursos públicos. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, señaló que no se reunirá el CPFF hasta que haya un nuevo Gobierno en Cataluña.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, también acudió al Congreso con motivo del Día de la Constitución y se mostró partidario de incorporar a la Carta Magna “los principios” de la financiación autonómica. Sánchez señaló que Rajoy tiene el compromiso de presentar antes del 31 de diciembre una propuesta sobre el modelo territorial.

Fue Pedro Solbes, cuando era ministro de Economía, quién utilizó el término sudoku para hablar de la reforma de la financiación, una expresión que ha hecho fortuna y que ilustra la complejidad que supone llegar a un acuerdo. Ello es así porque las comunidades autónomas tienen intereses muy diferentes en función de su situación económica. Madrid, Cataluña o Baleares, por ejemplo, nada tienen que ver con Extremadura o Castilla y León. A unas les interesará que el reparto de los recursos se determine principalmente por la población y que se tenga en cuenta el diferencial de precios, mientras que otras exigirán que el modelo incluya el coste que supone la dispersión o el envejecimiento de la población.

El Gobierno abordó la reforma de la financiación nombrando a un comité de expertos conjuntamente con las comunidades autónomas, que el pasado julio presentó su informe. El trabajo es un reflejo de la dificultad que supone alcanzar un acuerdo. El documento consta de 160 páginas y el 40% son votos particulares de expertos matizando o puntualizando aspectos de la propuesta. Los sabios proponen dar capacidad a las autonomías para fijar copagos o subir el IVA. También, apuestan por armonizar el impuesto sobre sucesiones y donaciones y propone, con matices, suprimir el status quo.

Madrid y Galicia se oponen a condonar la deuda del FLA

La idea que lanzó recientemente el líder del PSC, Miquel Iceta, de condonar la deuda del FLA fue rechazada por la mayoría de expertos porque “generaría incentivos perversos y sería injusto para las comunidades que han cumplido con mayor grado los compromisos de estabilidad fiscal”. Esta es una opinión que ayer compartieron en el acto de la Constitución la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y su homólogo en Galicia, Alberto Núñez Feijóo. En cambio, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, que no acudió al Congreso, sí es partidario de establecer algún tipo de quita de la deuda que reconozca que algunas comunidades como la suya sufren una infrafinanciación que les obliga a endeudarse más que al resto.

Paradójicamente, cada vez existe más consenso entre las comunidades en un punto que el Gobierno no incluirá en la reforma del modelo de financiación: la revisión del sistema foral y del cupo vasco, así como la aportación navarra. El País Vasco y Navarra son dos comunidades que gozan de un sistema particular. Recaudan la totalidad de sus impuestos y posteriormente realizan una transferencia al Estado por las competencias no transferidas.

La aportación que realizan ambas autonomías a la solidaridad interterritorial es mínima y este es uno de los motivos que permite que País Vasco y Navarra cuenten con más recursos que el resto. El informe de la comisión de expertos sostiene que “las comunidades forales deberían comenzar de forma inmediata a contribuir a la nivelación interterritorial”. Una exigencia que es compartida por la mayoría de comunidades. Madrid, Murcia, Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares, La Rioja y Aragón incluyeron en las valoraciones que remitieron a Hacienda sobre el informe de los expertos un apoyo explícito a que País Vasco y Navarra incrementen su contribución a la solidaridad.

La actualización del cupo vasco es muy favorable a los intereses del Gobierno de Urkullu

Sin embargo, el Gobierno de Mariano Rajoy y el PNV acaban de pactar la actualización del cupo vasco, en condiciones muy favorables para los intereses de la comunidad autónoma. El Ejecutivo no se plantea una revisión de los sistemas forales.

 Ciudadanos es el partido que se ha opuesto de forma más contundente en el Congreso de los Diputados contra un modelo que consideran que supone un privilegio para el País Vasco y Navarra. Además, el líder de la formación naranja, Albert Rivera, defendió también avanzar hacia una reforma constitucional, pero señaló que los cambios no pueden servir para contentar a los independentistas. En este punto, comparte el discurso de Mariano Rajoy.

Durante la jornada en el Congreso, Rivera aseguró que no vería mal un Gobierno en Cataluña formado por Inés Arrimadas y con Miquel Iceta de vicepresidente. No obstante, rechazó la posibilidad de que fuera el socialista quien ocupara la presidencia si, como apuntan las encuestas, Ciudadanos es la formación más votada dentro del bloque constitucionalista.

Los sondeos indican que Catalunya en Comú-Podem será la llave del Parlamento, ya que tendrá la posibilidad de decantar la balanza hacia los independentistas de ERC, Junts per Catalunya y la CUP o los contrarios a la secesión de C’s, PSC y PP. Rivera sostiene que si el bloque unionista obtiene más votos, Podemos tendrá muy difícil no abstenerse para permitir que gobierne Arrimadas.

Sin embargo, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, apuntó que ve probable una repetición electoral ante la dificultad que tendrán Junqueras, Arrimadas o Iceta de conformar una mayoría. En este punto, añadió que el candidato de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, podría ser la opción que aglutinara un mayor consenso.

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