Los inspectores denuncian que el Banco de España "apartaba" a los críticos
Mantienen que los supervisores están en manos de la banca Aseguran que la caída de Popular es un aviso "de que algo falla"
Si la intervención que realizó el presidente de los inspectores del Banco de España, Pedro Luis Sánchez, en la comisión que investiga en el Congreso la crisis financiera, fue polémica, y provocó críticas del director general de Supervisión del Banco de España, Julio Durán, la comparecencia del secretario de dicha asociación, José Antonio Delgado, tampoco ha dejado indiferente a nadie.
Delgado ha asegurado que "la captura del supervisor ante la influencia de las propias entidades supervisadas" se ha traducido en "apartar de la inspección de determinadas entidades a los que destapaban irregularidades". Y como ejemplo, ha dicho que cuando él era inspector de Liberbank, fue apartado de sus funciones porque en el Banco de España no estaban cómodos con el informe que había elaborado sobre la entidad. "No tenía cintura" me dijeron expresamente, para añadir que consideraron que "era el top one", pero no tenía flexibilidad y reflejaba en algunos correos ideas que podrían poner en serio peligro reputacional a una entidad.
Pero sus críticas han sido más duras, y ha incluido incluso a la regulación europea. "La influencia de la industria ha ido modulando la supervisión, de un modo que con un supuesto buen clima de diálogo se ha ido relajando la aplicación de medidas correctivas sobre las deficiencias observadas y se han sustituido actas de inspección por recomendaciones", ha añadido.
Así, ha criticado la regulación que europea es “mucho más compleja, pero que no es rigurosa”. Mantiene que la regulación existente durante la crisis “no siendo perfecta proporcionaba suficientes mecanismos a las autoridades para tratar de acometer la situación. Cuestión diferente es si no se quiso hacer uso de la misma, especialmente de las herramientas que proporcionaba la Ley de Disciplina (no se utilizó con la suficiente firmeza el amplio abanico de posibilidades que ofrecían esta Ley y sus desarrollos legislativos)”.
Ha afirmado que lo que “más nos preocupa es que el nuevo marco regulatorio que se está implantando lejos de contribuir a evitar que se produzcan crisis similares en el futuro puede conducir a un desastre aun mayor que el sufrido”.
Mantiene que hasta que no se desarrolle el fondo de garantía de depósitos (FGD) europeo “parece razonable que nuestro país se dote de las herramientas legislativas necesarias para tratar de impedir los efectos de una crisis financiera”. Defiende que la asociación no “ataca” al fondo de la supervisión única, “pero creemos que la forma en que se está llevando a cabo no está siendo adecuada ni eficiente”, y “desgraciadamente el caso del Banco Popular ha venido a darnos la razón”.
Se ha preguntado: “no es el caso de Popular un serio aviso de que algo falla? ¿Y qué debemos hacer ante esta evidencia? ¿Callarnos y confiar en que no se nos caiga otra entidad?" Ante ello, ha propuesto un cambio del marco regulador de la función inspectora en la que se incluya: el desarrollo del marco de colaboración del Banco de España con el Banco Central Europeo dentro del MUS, que podría ser extensible con las necesarias adaptaciones al resto de países. "Un marco aun no desarrollado de manera rigurosa y completa en ninguno de los países que conforman el MUS y que España podría liderar. Creemos que este debería ser el mecanismo para tratar de implantar medidas que aseguren una supervisión efectiva de las entidades españolas y que, dentro de los límites que marca el Reglamento del MUS, permita a las autoridades españolas tener un papel relevante en la supervisión de sus entidades, al menos de manera urgente hasta que exista ese Fondo de Garantía de Depósitos a nivel europeo, y con las necesarias adaptaciones a partir de su puesta en marcha (si es que llega a producirse)", ha reclamado.
Sobre Banco Popular también ha hecho otras críticas como el hecho de que esta entidad haya quedado en manos de Santander sin "informe de inspección, solo con "un informe de una firma privada de auditoría". Además, espera que en el denominado 'caso Popular' "los peritos que proponga el Banco de España tengan el mismo nivel de valentía, independencia de criterio y rigor técnico" que en el de Bankia.
Pero antes de esta petición, Delgado ha declarado que en la etapa de las fusiones entre las cajas de ahorros, el Banco de España permitía a estas entidades presentar "beneficios ficticios" aunque tenían "pérdidas millonarias que les hubieran impedido" realizar las uniones. Además, y en contra de lo que han indicado los exgobernadores y exdirectivos del instituto supervisor, ha mantenido que "el Banco de España tenía las herramientas para haber frenado la crisis, pero no lo quiso hacer".
