La abogada de la UE pide que se valide el impuesto a grandes superficies

Anged había recurrido el gravamen instaurado en Asturias, Aragón y Cataluña

El representante comunitario defiende que no se trata de ayudas estatales encubiertas

Una clienta en un centro de El Corte Inglés.
Una clienta en un centro de El Corte Inglés.

La abogada general de la UE quita la razón a la patronal Anged. El representante comunitario defiende en un escrito que se debe dar validez al impuesto a las grandes superficies instaurado en Asturias, Aragón y Cataluña y que habían sido recurridos por la organización empresarial en la que se integran El Corte Inglés o Carrefour.

El impuesto está destinado a gravar el mayor impacto territorial y medioambiental de las grandes superficies frente al pequeño comercio. La patronal había recurrido estos tres impuestos al entender que se trataba de una restricción en la libertad de establecimiento y una ayuda estatal ilegal, incompatible con la regulación comunitaria.

La organización, en la que también participan Ikea, Media Markt y Toys R Us, aseguraba que estos temas suponían una ventaja competitiva a ciertas empresas, en especial a los pequeños establecimientos comerciales a los que no les afecta esta imposición.

La abogada pide sin embargo que se de el visto bueno comunitario a dichos gravamenes al entender que no constituyen ayudas al estado. Además subraya que no existe una discriminación manifiesta ni encubierta de las empresas extranjeras, pese a que circunstancialmente la mayoría de las compañías afectadas sean de otros estados miembro.

El escrito no es una sentencia en firme por parte del Tribunal de Justicia de la UE, aunque se suele tomar como referencia en la decisión final de la justicia comunitaria.

La abogada justifica en su petición al tribunal este impuesto ya que las grandes superficies generan más ruido y más emisiones a la atmósfera, debido al tráfico que generan. Dado que, según subraya, los pequeños comercios se integran de manera más sencilla en la orenación territorial, se ajusta a la idea de reparto razonable y justificable. "El impuesto es adecuado para proteger el medio ambiente y para alcanzar los objetivos de ordenación territorial", remarca.

Así, la abogada concluye el escrito estimando que el impuesto "no resulta desproporcionado con respecto a los objetivos perseguidos". La representante comunitaria entiende que no es tan elevado como para que tenga un "efecto asfixiante" en la actividad comercial de las empresas afectadas.

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