La banca andorrana dice que sus recursos crecen ya un 1,5% desde el fin del secreto bancario
El Gobierno dice que ha habido más regularizaciones que huida de capitales El Ejecutivo asume que el sector financiero pasará de ser el 20% al 16% del PIB del país
Andorra ya no es un paraíso fiscal: “Los cambios han sido más profundos que nunca, más rápidos que nunca y más extensos que nunca”, aseveró este jueves Gilbert Saboya, ministro de Economía, durante el Andorra Finantial Summit, encuentro en el que el país ha querido dar a conocer su nuevo modelo bancario lejos de la imagen de destino offshore con la contaba en el pasado.
Desde enero, en Andorra no existe el secreto bancario. Y desde julio está tipificado el delito fiscal, por primera vez. Haber dejado atrás un sistema opaco tiene sus consecuencias, como la fuga de capitales. Jordi Cinca, ministro de Finanzas del Principado, admitió este jueves que es un precio a pagar por dejar atrás un “modelo obsoleto” y por alcanzar los estándares internacionales que persiguen desde que iniciaron las reformas en 2011.
Cinca aseguró que no puede cuantificar los depósitos que ya no gestiona la banca andorrana tras el proceso de transformación, pero asegura que en el cómputo global, ha habido más regularizaciones que huidas.
Los datos proporcionados por la Asociación de Banca de Andorra (ABA) confirman que la transición de sistema offshore al actual ha tenido un impacto limitado en la banca del país que, de hecho, ya aumenta los recursos que gestiona. En concreto, Pedro González, el presidente de la ABA, aseguró que los recursos en manos de entidades andorranas han crecido en los últimos nueve meses un 1,5%, llegando a los 46.000 millones de euros. El 50% de esa cantidad proviene de depósitos que se gestionan en el exterior.
La banca era, y es, un pilar importante de la economía andorrana. Antes atraía depósitos que buscaban beneficiarse de la opacidad del sistema. Ahora que apuestan por la transparencia, el Gobierno espera que la factura sea relativa: el sector financiero antes suponía el 20% del PIB y Cinca estimó este jueves que tras la transformación espera que se mueva en torno al 16% y el 18%.
Los ministros Saboya y Cinca explicaron que el proyecto financiero andorrano apuesta por la diversificación y el aperturismo, que llegan después de grandes reformas que trajeron de la mano la transparencia fiscal, la apertura a la ley de fomento de la inversión extranjera, una reforma fiscal y la consolidación de las relaciones con los países del entorno.
En cuanto la diversificación, los otros sectores al margen de la banca en los que se asienta la economía del país continuarán siendo los tradicionales: el turismo y el comercio, pero con un componente de innovación. A estas actividades se suma también la tecnológica. La homologación de las características andorranas a los estándares internacionales busca atraer al país nuevos inversores, más allá de los socios tradicionales: los vecinos España y Francia.
Otro punto fundamental, según los mandatarios, es el deseo del país de ofrecer servicios no solo dentro de Andorra, sino fuera.
El ministro de Finanzas, Cinca, reconoció que el país aún no ha cumplido con todo lo requerido en el acuerdo monetario con la Unión Europea, pero ha asegurado que se encuentran en la fase final, con un cumplimiento del 80% en materia de legislación bancaria.
Lucha contra el blanqueo
“Tipificar el delito fiscal era una cosa impensable hace años”, admitió este jueves Carles Fiñana, director de la Unidad de Inteligencia Financiera, celebrando que Andorra también ha reforzado la lucha contra el blanqueo de capitales y el contrabando de mercancías. La cuestión del lavado de dinero, que salpicó al Principado recientemente por la denuncia que presentó EE_UU contra Banca Privada de Andorra (BPA), ha llevado al país a avanzar en esta materia. El sistema bancario andorrano ya ha pasado la cuarta evaluación de MoneyVal, el cuerpo de monitorización de la UE, y está pendiente de la calificación de la quinta ya presentada. Ramón López, director de INAF (el supervisor andorrano) espera que en 2018 se puedan estar implementando cuestiones de la directiva europea MiFID II.
