Otro ataque encubierto contra las renovables
La rentabilidad razonable de las instalaciones del sector bajará al 4% desde enero de 2020 Aunque la medida puede suponer un ahorro para el sistema eléctrico, no será significativo
El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha asegurado que la revisión de la rentabilidad razonable de las instalaciones de energías renovables se realizará según marca la normativa, lo que ha desatado la preocupación de los principales actores del sector, que consideran esta medida un nuevo e injusto ataque encubierto.
La reforma que el Gobierno llevó a cabo para reducir la retribución a las energías renovables se basa en un concepto de rentabilidad razonable que se aseguraba a los proyectos y que se define en función del bono del Estado más un valor diferencial ligado a determinados puntos básicos, que se establecieron en 300. Según estos cálculos, la rentabilidad que se garantizaba a los inversores era del 7,38% y las refinanciaciones que se hicieron en ese momento se basaban en la seguridad de que esta tasa se mantendría de forma permanente.
Cabe destacar que este valor, al basarse en costes estándares, no deja de ser teórico, como ha demostrado también la sentencia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). A este respecto, existe una diferencia importante entre los costes reales de inversión y de operación y mantenimiento que tuvieron que asumir los inversores y los costes estándares – e imaginativos – establecidos por el Ministerio. En muchos casos, esta reforma llegó a suponer un descuento de hasta un 50% en la retribución a percibir por las plantas fotovoltaicas.
La voluntad del ministro de mantener el diferencial de 300 puntos básicos en la definición de la rentabilidad, cuando el tipo del bono del Estado ha bajado a un 1,5%, supondrá por lo tanto un nuevo recorte al sector renovable, para el que la rentabilidad razonable bajará a un 4% a partir del siguiente período, que empieza el próximo 1 de enero de 2020.
Cabe destacar que este recorte supondrá perjuicios relevantes para los propietarios de las instalaciones fotovoltaicas actualmente en operación, que se verán obligados a buscar la refinanciación de sus proyectos, haciéndose cargo de mayores costes financieros y, para muchos de ellos, podría suponer hasta la pérdida del capital social. Por todo ello, es evidente que este nuevo recorte pondría seriamente en riesgo la viabilidad de los proyectos.
Entre los perjudicados, también estarán los bancos y las entidades financieras que en su día apostaron por el sector renovable concediendo la financiación a los proyectos, porque tendrán que asumir unos riesgos adicionales que no estaban previstos.
El Ejecutivo está de facto contribuyendo a empeorar el contexto de inestabilidad e inseguridad jurídica en España, tratando de forma injusta al sector renovable, para el que las medidas se implementan de forma automática, frente a otros sectores –como la distribución en el caso del sector eléctrico– para los cuales los cambios tienen un impacto más limitado.
Es lamentable ver que el Gobierno español está dispuesto a sacrificar el respeto de los derechos de los inversores en energías renovables para la consecución de otros objetivos. Aunque esta medida pueda suponer un ahorro para el sistema eléctrico, la verdad es que es muy poco probable que este sea significativo, debido a que España tendrá que hacer frente a las indemnizaciones definidas como consecuencia de la pérdida de los arbitrajes internacionales interpuestos ante el Ciadi por los inversores extranjeros. En una sentencia que se ha dado a conocer el pasado mes de mayo, el tribunal del Ciadi ha fallado en su primera decisión en contra de España, pero hay muchas demandas que todavía quedan pendientes.
Cabe recordar, además, que los inversores españoles sufren una situación de injusticia con este respecto, al no tener la posibilidad de acudir a este organismo internacional. Concretamente, en la actualidad, nuestro país acumula 30 pleitos de fondos de inversión en organismos internacionales, con reclamaciones que superan los 4.000 millones de euros, y este nuevo recorte podría suponer un incremento de estas demandas.
Además, la intención del Gobierno de implementar este recorte a través de una Orden Ministerial, es decir, sin pasar por el Parlamento, es lamentable. Desde el sector, consideramos imprescindible que la tramitación de esta medida se lleve a cabo garantizando el cumplimiento de la ley y de los principios democráticos, es decir, por vía parlamentaria.
En muchas ocasiones el Gobierno ha anunciado que ha resuelto el problema del déficit de tarifa en el sistema eléctrico, por lo que no hay ninguna justificación para implementar un nuevo recorte que perjudica, una vez más, el sector de las energías renovables.
Jorge Barredo es presidente de UNEF