Los jueces piden la supresión de los juzgados hipotecarios por su colapso
Las sedes acumulan al menos 99.000 asuntos hipotecarios desde junio casi sin refuerzos Piden su reparto entre todos los juzgados del país a partir del 1 de enero
La solución ideada al colapso judicial, especializando un juzgado por provincia para absorber todas las denuncias en materia hipotecaria, hace aguas ante la falta de recursos para asumir el aluvión de litigios que desatan los créditos bancarios. Así lo han denunciado los Jueces Decanos de España en el escrito de conclusiones de las XXVII Jornadas Nacionales que concluyeron este miércoles en Bilbao. Los jueces consideran tan grave la situación que instan a abolir este sistema a partir de finales de año para volver a repartir la carga entre todos los juzgados del país.
El colectivo judicial justifica su petición pormenorizando la situación de cada sede provincial, un informe del que se desprende que, desde su creación el 1 de junio hasta la fecha, acumulan unos 88.500 asuntos hipotecarios sin apenas recibir refuerzos. Y eso sin contar las denuncias recibidas en ocho provincias que no cuentan con datos actualizados. Sumando los casos que estas sedes tenían a comienzos de septiembre, el total de litigios sería ya de 98.677, cifra que sin duda ha sido superada en el último mes y medio.
“Y la previsión de entrada de asuntos se mantiene al alza, sin que se observe ningún indicio de que decrezca, o de que se atisbe su final”, advierten los jueces decanos, remachando que “las medidas de refuerzo” puestas en marcha “están resultando un completo y absoluto fracaso”.
Tal es la situación que los jueces decanos instan al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a dejar sin efecto el plan de juzgados especializados en materia hipotecaria a partir del 31 de diciembre, dado “que no se han puesto los medios que se preveían en un inicio”, para que a partir de 1 de enero de 2018, esos asuntos vuelvan a ser repartidos entre todos los juzgados de primera instancia de España.
En todo caso, los jueces entienden que los juzgados especializados deberían mantenerse en marcha hasta que el colapso que han provocado los litigios de consumidores contra la banca se rebaje y se hayan resuelto todos los asuntos que ya les han sido asignados.
Un colapso anunciado
Los últimos datos oficiales ofrecidos por el CGPJ revelaban que a 8 de septiembre los 52 juzgados por cláusulas suelo habían recibido ya 60.000 demandas hipotecarias (pese a que agosto es un mes inhábil), y que 24 de estas sedes requerían refuerzos.
El plan puesto en marcha en junio, que buscaba precisamente evitar el colapso del sistema judicial español ante la avalancha de demandas por cláusulas suelo y otros asuntos hipotecarios, preveía reforzar los juzgados especializados que recibieran más de 900 asuntos. Pero estos apoyos no han llegado en todos los casos, o se han demostrado insuficientes.
Así, la mayoría de sedes siguen trabajando con un solo juez (habitualmente en prácticas), pese a haber duplicado la cota que activa los refuerzos. La carga de trabajo es tal que en sus primeros meses, estos jueces solo fueron capaces de emitir un puñado de fallos.
Se da la situación de que el juzgado 101 bis de Madrid, el que más asuntos acumula de toda España, ha registrado ya 22.234 asuntos, con lo que requeriría unos 25 jueces. Sin embargo, solo cuenta con dos jueces en prácticas, el apoyo de uno de adscripción territorial y la asistencia parcial de otro que dedica el 25% de su tiempo. Completan el equipo 10 funcionarios y dos letrados de la administración de justicia en un piso de la Gran Vía en el que se acumulan los expedientes por los pasillos.
Los decanos aseveran que ya venían advirtiendo del problema y alertan de que se agravará cuando culmine el periodo de prácticas de los jueces destinados a estas plazas. Critican además la asignación de un único juzgado por provincia, sin analizar las necesidades de cada territorio. También recuerdan que en España hay 12’2 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a los 21 de media europea, y reclaman la creación de e 250 plazas anuales durante cuatro años.
Ante la posibilidad de que las autoridades ignoren su propuesta de dar marcha atrás al plan, los decanos exigen que Justicia y el CGPJ detallen qué refuerzos concretos se pondrán en marcha para tratar de desatascar el colapso. La situación, aducen, “ha desbordado todas las previsiones” de forma que “la inmensa mayoría de juzgados especializados en toda España, están ya saturados de asuntos, con números imposibles de ser manejados” por los apenas 60 jueces destinados a las plazas especializadas.
El origen del plan
La creación de estos juzgados se puso en marcha en junio en previsión del aluvión de demandas que iba a provocar el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado diciembre, en el que exigía que los bancos indemnicen a sus clientes con retroactividad total por lo cobrado en aplicación de cláusulas suelo abusivas.
El Gobierno puso en marcha también, mediante un decreto, un sistema de negociación extrajudicial entre bancos y clientes, si bien las entidades financieras vienen siendo renuentes a abonar lo cobrado a los consumidores, lo que ha derivado a la vía judicial muchos de los casos. Hasta el punto de atascarla.
