Economía espera atajar con su reforma la litigiosidad hipotecaria
La secretaria de Estado anuncia que el proyecto está listo para iniciar su tramitación El Ministerio confía en lograr un amplio consenso político
El “objetivo fundamental” de la reforma hipotecaria que ultima el Gobierno es acabar con la alta litigiosidad que rodea estos créditos en España dando seguridad jurídica a clientes y bancos. Así lo defendió este lunes la secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Irene Garrido, en el Foro Cinco Días, patrocinado por Banco Sabadell.
“La reforma hipotecaria está ya lista para enviarla al Congreso de los Diputados para su tramitación como proyecto de ley”, expuso Garrido, defendiendo que, aunque de un lado supone “la transposición de una directiva europea”, la norma busca ir mucho más allá en la protección del consumidor financiero, por lo que el Ejecutivo buscará el “máximo consenso” entre los grupos parlamentarios.
El proyecto, resumió, pone coto a la venta de productos vinculados a las hipotecas, endurece las condiciones para ejecutar el crédito por el vencimiento anticipado, desliga los salarios de la banca al volumen de concesión de préstamos y regula el cambio de hipotecas multidivisa a euros, por ejemplo, a fin de “dotar de seguridad jurídica al mercado hipotecario”.
Otra de las reformas pendientes, según Garrido, es la de avanzar en la naturaleza de supervisión de mercados y la gobernanza económica de España. “Se crearían autoridades administrativas independientes al dividir la CNMC en competencia y mercados, se integraría el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en la CNMV, se crearía una agencia de protección al consumidor y otra independiente para el área de seguros y fondos de pensiones”.
Garrido también destacó la necesidad de profundizar en la estrategia de crecimiento empresarial, con el fin de reducir el elevado peso que las pequeñas empresas tienen en España en favor de las medianas. A ese proyecto contribuiría, en su opinión, una apuesta por modificar los umbrales regulatorios fiscales y legales para el crecimiento de las empresas.
Garrido resaltó la necesidad de mantener la agenda reformista, pese a un Congreso “muy fragmentado”, que obliga “al diálogo para aprobar leyes”.
Salarios, precios y empleo
Alzas. Preguntada por si compartía las palabras de la titular de Empleo, Fátima Báñez, sobre la conveniencia de subir salarios, Garrido matizó que es lógica la normalización de los salarios, pero que “esta debe verse acompañada de una normalización del empleo. La masa salarial ha pasado de representar el 49% al 47% del PIB en España porque hay menos empleo que cuando estalló la crisis”.
Pensiones. El hecho de que el Estado haya tenido que emitir deuda de forma puntual para pagar las pensiones no preocupa al Ejecutivo. “La prioridad es garantizar la estabilidad en las pensiones. En la Comisión del Pacto de Toledo es donde hay que buscar una solución que sea sostenible”.
Construcción y exportación. Garrido valoró el cambio de modelo productivo de la economía española. “Ahora esta más abierta al exterior y eso se comprueba si analizamos la composición del PIB en los sectores críticos. En 2008, la construcción suponía el 16% del PIB y en 2016 bajó al 10%; en el otro lado la exportación pasó del 25% al 33%”.
