La única respuesta posible ante una ruptura flagrante de la legalidad

El Govern de Cataluña cometerá un gravísimo error político e histórico si rechaza el ultimatum

La decisión anunciada ayer por Mariano Rajoy de apretar el botón rojo que abre la puerta al artículo 155 de la Constitución es la única respuesta posible ante el flagrante quiebre de legalidad que se ha perpetrado en el Parlament de Cataluña. Rajoy adoptó la decisión tras administrar con sobria mesura las horas previas a la confusa declaración de independencia (DUI) catalana. Al hacerlo así, el Gobierno se ha cubierto las espaldas frente a cualquier acusación de exceso y ha evitado fotografías en las calles que puedan debilitar la imagen del Estado y, sobre todo, entorpecer la solución para restablecer finalmente la legalidad.

El requerimiento anunciado por Rajoy, en el que pide a Cataluña que aclare si ha declarado o no la independencia, constituye un ultimátum en toda regla, previsto en el propio artículo 155, y da al Govern la posibilidad de rectificar una DUI que ha nacido muerta y ha causado ya suficiente daño a Cataluña y España. Como recordaba ayer el presidente del Gobierno ante el Pleno del Congreso, el desafío soberanista, que fue adoptado tras un referéndum ilegal, ha tenido una respuesta “ajustada a derecho, proporcionada e integral”. Una respuesta liderada por el Gobierno y reforzada por el apoyo de los tres principales partidos del bloque constitucional: PP, PSOE y Ciudadanos.

El Govern de Cataluña cometerá un gravísimo error político e histórico si rechaza esta última oportunidad de restablecer la legalidad y de evitar la intervención de sus competencias autonómicas. Poco después de renovar su apoyo al Gobierno, Pedro Sánchez anunciaba ayer un acuerdo con Mariano Rajoy para estudiar la reforma constitucional del modelo de financiación y articulación territorial del Estado, el cual constituye el marco adecuado para debatir sobre cómo mejorar ese modelo. Se trata de un debate pendiente desde hace mucho tiempo y que debe desvincularse del inexcusable restablecimiento de la legalidad en Cataluña, cuyo Govern ha perdido toda legitimidad para dialogar y debe rectificar cuanto antes. Ni Cataluña ni el resto de España se beneficiarán de alargar un día más un conflicto que nunca debió desatarse.

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