De dónde viene y a dónde va la CNMC

El PP remodela el regulador tras el varapalo judicial que han recibido sus propuestas

CNMC

El Gobierno del Partido Popular lideró en 2012 una operación de asalto y derribo a la presidencia de los organismos reguladores españoles. Esta operación, anunciada desde la oposición por el actual ministro Cristóbal Montoro y consumada por el ministro Luis de Guindos y por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, ha sido un fiasco y ha merecido contundentes sentencias en contra, tanto europeas como del Tribunal Supremo español. Cinco años después, el desaguisado continúa.

La remodelación de estos organismos que planea actualmente el Gobierno de Mariano Rajoy no es una opción voluntaria, es una rectificación en toda regla ante el varapalo judicial de un proyecto estrella del PP que no ha supuesto mayor eficiencia, ni mayor competencia; que ha hundido la reputación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuestionado su posición en relación a las empresas reguladas y ningún ahorro conocido, con ineficiencias de todo tipo. Un daño con un coste de oportunidad irreparable, especialmente para nosotros los ciudadanos en cuanto que consumidores y para las empresas supuestamente reguladas, que campan a sus anchas.

Hay que recordar que cuando hablamos de autoridades independientes como la CNMC, cuando hablamos de competencia efectiva, estamos hablando de las reglas del juego de la economía de mercado, de hacer frente a los monopolios, a los oligopolios, a los cárteles, a los abusos de poder y al incremento de la desigualdad.

Hablamos de defensa de los derechos y garantías de los consumidores, de menores precios, de mayor calidad y de más innovación. Hablamos de cómo aumentar el bienestar del conjunto de la sociedad, frente a la tendencia mundial al crecimiento exponencial del capitalismo monopolista. De ahí la importancia de que velemos por la eficiencia e independencia de un organismo como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en España.

Sin embargo, tal y como llevamos conociendo por los medios de comunicación durante todo el verano, de la mayoría de las multas impuestas por la CNMC a las empresas reguladas y a los presuntos cárteles, se deriva un reguero de sentencias judiciales en contra, condenando en costas a la Administración. De los 914,6 millones de euros de multas impuestas por la CNMC desde su creación hasta el 30 de abril de 2017, el importe total de lo recaudado por el regulador en ese mismo periodo asciende a 29,8 millones de euros, lo que supone un 3,3% del total sancionado. Del Informe de Fiscalización del Tribunal Cuentas (TC) 2014, conocemos que se fusionaron en realidad menos organismos de los que anunció la vicepresidenta del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en 2013: solo cuatro frente a los ocho organismos que, en sus propias palabras, integrarían el supersupervisor, porque en realidad solo cuatro contaban, como atestigua el Tribunal de Cuentas, “con regímenes económico-presupuestarios diferentes”. Y sabemos también, gracias al informe del Tribunal de Cuentas, que “al finalizar el ejercicio fiscalizado, la CNMC superaba el límite máximo de 10 directivos con contratos de Alta Dirección que, para la misma, establece la Orden MINHAP de 4 de noviembre de 2013, alcanzando un total de 22 puestos de esta naturaleza”, es decir, el doble de personal directivo que le correspondía, (a pesar del anuncio de la vicepresidenta de que se reduciría en 40% el personal directivo) o que el Tribunal de Cuentas denuncia el posible fraccionamiento de contratos en siete expedientes de contratación de seguridad privada, justamente por el órgano que debe velar por la competencia.

El Grupo Socialista ha tenido que requerir con reiteración al presidente de la CNMC la información legalmente preceptiva que exige Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para el control parlamentario de una entidad que adolece, además, de una completa arbitrariedad en el calendario de aprobación de su Plan de Actividades. Las cuentas generales de 2014 fueron aprobadas en diciembre de 2015, fuera de plazo legal y las de 2015, a la altura del mes de abril de 2017, ni habían sido aprobadas por el Consejo, ni fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas, ni remitidas al Congreso de los Diputados como es preceptivo.

Todo ello da una idea del esperpento en el que el Partido Popular ha permitido que se convierta la máxima autoridad de la regulación de los mercados y la competencia en España.

Cinco años después, el Gobierno de Rajoy ha tenido que rebobinar la operación acordeón del año 2012 y desfusionar, segregar y reconfiguar competencias. Y solo un rayo de luz se ha abierto recientemente: la preceptiva renovación de consejeros de la CNMC que, ya sin la mayoría rodillo del Partido Popular, se ha sometido a la votación de la Comisión de Economía del Congreso cumpliendo con rigor lo que, con la mayoría del Partido Popular, era un mero trámite.

La necesaria exigencia de un acuerdo en sede parlamentaria para la remodelación a futuro de la actual CNMC, no puede ni debe confundirse con un visto bueno a actuaciones tan graves de su reciente gestión, por la cual sus dos máximos responsables, los actuales presidente y vicepresidenta, han quedado absolutamente descalificados, bajo la directa responsabilidad política del ministro de Economía Luís de Guindos.

Poca credibilidad pueden tener ante los mercados quienes son incapaces de poner orden en su propia casa. Urge dar una respuesta y estamos ya en tiempo de descuento para el Gobierno del presidente Rajoy, para dar una solución que rehabilite el prestigio y la eficiencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Ana Botella es portavoz adjunta de Economía. Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados.

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