La banca catalana cumple con su deber hacia accionistas, clientes y plantilla
Sabadell lleva su sede a Alicante y CaixaBank estudiará en su consejo de hoy llevarla a Palma
La decisión de Banco Sabadell de sacar su sede social de Cataluña y la disposición de CaixaBank para hacer lo mismo –una vez que se apruebe hoy el decreto del Gobierno que permite ejecutar esa decisión en horas– constituyen la consecuencia empresarial lógica del desvarío político en que se ha instalado Cataluña. Sabadell, que ocupa el quinto puesto en el ranking bancario español, decidió ayer en su consejo de Administración abandonar Cataluña como sede social y colocarla en Alicante, y evitar así cualquier riesgo frente a una situación política que se ha ido de las manos. La Caixa puede hacer lo propio en su consejo de hoy, una vez que el Gobierno haya aprobado el citado decreto. La prudencia guía esas valoraciones, aún pese a los rumores que apuntan a un alejamiento de la posibilidad de declaración unilteral de independencia. El mercado, que rebotó un 2,5% y recuperó los 10.200 puntos, refleja también ese horizonte de relativa y precaria calma.
La decisión de Sabadell y CaixaBank responde a la necesidad de proteger a sus clientes, depositantes, accionistas y empleados. Dada la fragilidad del negocio bancario, puesta de manifiesto en toda Europa durante los duros años de la crisis y recientemente en España con la debacle de Banco Popular, ese traslado resulta justificado. En un hipotético escenario de declaración de la independencia en Cataluña, todos los riesgos, hasta los más descabellados, son plausibles. Es el caso de una nacionalización de la banca llevada a cabo por un Gobierno sin fuentes de financiación o de una congelación inmediata de los depósitos. Sin tener que llegar a esos extremos, la banca catalana gestionaría depósitos nominados en euros en un territorio excluido de la zona euro, y perdería la protección del BCE.
La decisión adoptada por Sabadell y CaixaBank, que también han acordado empresas como Oryzon, Eurona o Proclinic, puede ir seguida por más compañías, especialmente por aquellas cuyo capital está en manos de fondos extranjeros. La irresponsabilidad de la Generalitat parece unirse a la más elemental ingenuidad si olvida que las empresas se deben al negocio y buscan, por tanto, siempre plenas garantías legales y seguridad jurídica.