La mitad de las micropymes acepta cobrar más tarde de lo prometido
La situación afecta al 80% del tejido empresarial español.
El 53% de las empresas que tienen menos de diez empleados aceptan cobrar más tarde de lo prometido, según Intrum Justitia. Estos datos demuestran que la morosidad es una práctica extendida en nuestro país, y conlleva consecuencias especialmente negativas para las micropymes. Al respecto, hay que recordar que ocho de cada diez negocios en nuestro país tienen dos o menos asalariados. En consecuencia, el 80% del tejido empresarial español se ve afectado por esta problemática.
Esta tendencia tiene un impacto directo sobre la cuenta de resultados de estas empresas, pues se estima que puede suponer una pérdida económica equivalente al 1,9% de su facturación. Además, el documento hace hincapié en otras consecuencias, como la disminución de la liquidez o los intereses adicionales. Otros problemas relevantes son la pérdida de beneficio o, incluso, la amenaza para la supervivencia de la organización.
Entre los argumentos que las micropymes esgrimen en torno a este comportamiento, en el 72% de los casos aluden a las dificultades financieras de sus deudores, si bien también se observan otros motivos. El 38% de las compañías apunta hacia un retraso intencional. Por su parte, el 30% señala la falta de organización en los departamentos de administración.
Asimismo, la morosidad conlleva una serie de problemas para las micropymes. Entre los más evidentes es que deriva en un círculo vicioso en el que las compañías que cobran tarde se ven forzadas a su vez a realizar más tarde sus propios pagos. Es más, la mitad de este segmento empresarial (51%) reconoce pagar tarde de forma sistemática.
Otros datos animan a pensar en cierta estabilidad. En esta línea, el 68% de estos empresarios sostiene que el nivel de deuda se mantendrá en los próximos 12 meses. En los extremos de la balanza, el 8% opina que aumentará, mientras que el 13% mantiene que disminuirá.
Finalmente, el informe concreta algunas posibles soluciones para resolver el problema de los largos plazos de pago. Así, destaca la introducción de una nueva legislación, medida propuesta por el 47% de los preguntados. El dato confirma, según los responsables del informe, la necesidad de un cambio regulatorio más acorde con el mercado actual.
