El Constitucional admite un recurso catalán por la gestión estatal de la ayuda a parados
Esta aceptación a trámite se suma a otros dos recursos presentadoso por el País Vasco El tribunal podría repetir su doctrina y dar la razón a las comunidades
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado miércoles la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite un recurso de Cataluña contra la gestión estatal del Programa de Activación para el Empleo (PAE).
Este programa está destinado a parados de larga duración, que carecen de rentas, y han agotado ya el resto de ayudas estatales posibles. Consiste en una ayuda de 426 euros mensuales durante seis meses, improrrogables y un itinerario de ortientación al parado individualizado.
El recurso catalán que ha sido admitido a trámite rechaza el apartado del decreto que prorroga el PAE, que estipula:“seguidamente el Servicio Público de Empleo (catalán) comunicará al Servicio Público de Empleo Estatal la acreditación certificada”. De esta forma, el Ejecutivo catalán ha recurrido la gestión estatal del PAE al considerar que es una política activa de empleo que debería gestionarse enteramente por la comunidad autónoma.
En la actualidad, el Servicio Público Estatal de Empleo gestiona el pago de la ayuda de acompañamiento de 426 euros de este programa y las comunidades autónomas asignan los itinerarios individualizados al parado, proponen las acciones de mejora de su empleabilidad y certifican su realización, teniendo después que comunicárselo al servicio estatal.
Esta aceptación del Constitucional está precedida por la admisión a trámite de otros dos recursos presentados por el mismo motivo por la comunidad autónoma del País Vasco en abril de 2015 y en agosto de 2016. Ambos recursos están aún pendientes de sentencia.
No obstante, desde el Minsiterio de Empleo temen que el Constitucional dé la razón a estas dos comunidades y determine que la gestión del Programa de Activación para el Empleo es completamente autonómica. El motivo de este temor es que este tribunal ya determinó en julio pasado que la gestión del Plan Prepara –otra ayuda estatal para un colectivo similar de desempleados– corresponde a las comunidades y no al Servicio Público Estatal, que era el que lo gestionaba desde su creación en 2011. De esta forma, el Constitucional dió la razón al País Vasco que fue la comunidad que en aquella ocasión presentó un recurso demandando esta competencia.
Ante esta situación, el Gobierno y los agentes sociales han empezado a negociar la unificación de todas las ayudas a desempleados que agotan las prestaciones y la clarificación de su gestión.
Debate sobre la renta mínima
Sindicatos y partidos. CC OOy UGT han promovido una iniciativa legislativa popular (ILP) para crear una renta mínima de gestión estatal que está siendo tramitada en el Congreso. Los grupos parlamentarios, salvo PP y C’s, tumbaron este jueves una enmienda popular que intentaba frenar esta renta mínima estatal.
Ministerio de Empleo. En este Departamento se preguntan cómo casa la doctrina del Constitucional sobre la gestión autonómica de las ayudas a parados con una nueva renta mínima estatal, que es competencia autonómica.
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