La CNMC calculará la deuda del bono social a las eléctricas para que el usuario la pague

El supervisor debe fijar las cantidades a devolver de inmediato a las empresas Serán inferiores a los 308 millones que pide el sector

Al ministro de Energía, Álvaro Nadal, se le ha acabado el tiempo para devolver a las grandes eléctricas el dinero que habían desembolsado para sufragar el bono social de la tarifa de los ejercicios de 2015 y 2016. Aunque hace casi un año que el Tribunal Supremo declaró ilegal la obligación de las empresas de asumir el coste del bono (un descuento en la factura que disfrutan varios colectivos sociales), el ministerio recurrió la decisión ante el Constitucional (que aún no ha decidido si lo admite a trámite o no) para ganar tiempo y evitar tener que subir los peajes eléctricos para indemnizar al sector.

 Pero los plazos se le han agotado, pues el Supremo ha impuesto una ejecución de aquella sentencia en respuesta a una petición de Viesgo, que se hace extensiva al resto de afectadas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural y EDP y varios grupos pequeños pero verticalmente integrados que también lo financiaban por ley), que también solicitaron la ejecución de la deuda. Aunque en una nueva maniobra disuasoria el ministerio ha pedido amparo al Constitucional, es improbable que este lo admita, según fuentes jurídicas.

En todo caso, este recurso no tiene efectos suspensivos por lo que el departamento de Nadal debe aprobar de inmediato una resolución para devolver el dinero. Por el momento, el correspondiente a 2015 y 2016, pues la denuncia por el de 2014 sigue su trámite en la Audiencia Nacional. El bono de ese año se aplicó de acuerdo a la orden de peajes de 2014, cuyos recursos estudia aún la Audiencia. Las empresas confían en un fallo igual al de los años 2015 y 2016.

Para estos tres años las empresas calculan que se les adeuda unos 503 millones de euros y en el caso de los dos ejercicios que el Supremo les garantiza, algo más de 308 millones. Pero debe ser la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la que certifique la indemnización que deben recibir las empresas a través de un informe que Energía le tiene que requerir.

Aunque el reintegro a las empresas incluye intereses, la cantidad final será inferior al que estas calculan. Según fuentes próximas al Gobierno “hay que tener en cuenta que, como cualquier otro coste, las empresas trasladaban el del bono social a los precios que cobraban en el mercado. Un beneficio de difícil precisión que debe estimar la CNMC.

Nadal ya había resuelto cómo indemnizar a las empresas sin subir la luz: utilizando el superávit acumulado de más de mil millones de euros por el sistema en los últimos años, que por ley solo puede destinarse a recortar la deuda eléctrica. Para sortear esta traba normativa, el Gobierno introdujo una enmienda en la Ley de Presupuestos de 2017 que permitía utilizar ese excedente, custodiado por la CNMC en dos cuentas corrientes, para hacer frente a pagos derivados de sentencias indeminizatorias contra el sistema eléctrico o el Estado.

En cualquier caso, el Ejecutivo está obligado a reintegrar la deuda por el bono social en 2017, año de vigencia de la enmienda, salvo si los prorroga o, en su caso, amplía la medida en las cuentas de 2018.