Los promotores de Madrid Este estudian medidas legales contra Carmena

Los propietarios de suelo rechazan la nueva propuesta del Ayuntamiento Quedan en suspenso más de 100.000 viviendas previstas

Futuro barrio de Los Berrocales en el desarrollo del sureste de Madrid.

Los propietarios de suelo de los desarrollos urbanísticos agrupados en la plataforma Madrid Este, que prevé desarrollar alrededor de 105.000 viviendas en la capital, señalaron este martes que tomarán medidas legales contra el Ayuntamiento de Madrid en el caso de concretarse la modificación que el equipo de la alcaldesa Manuela Carmena ha anunciado.

“Hay unas responsabilidades patrimoniales clarísimas”, aseguró Mauricio Fernández, gerente de la junta de compensación (agrupación de propietarios) de Valdecarros, ante la posibilidad de que el Ayuntamiento limite o retrase los planes urbanísticos ya aprobados en el Este de la ciudad. “Hemos invertido ya más de 400 millones”, añadió, en obras de desarrollo urbanístico e infraestructuras.

El desarrollo del sureste incluye a los nuevos barrios de Los Berrocales, Valdecarros, Los Cerros y Los Ahijones sobre 39 millones de metros cuadrados que van desde el Ensanche de Vallecas al sur en un eje paralelo a la M-45 hasta Coslada. Este planteamiento fue aprobado en 1997 por el PP y refrendado el pasado año por el Supremo tras varios litigios. Pero el proyecto se ha encontrado con las reticencias del Consistorio, que abrió unas mesas de diálogo con los propietarios, partidos, vecinos y ecologistas.

José Manuel Calvo, concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, explicó en la última de esas mesas, y la pasada semana en la comisión de Urbanismo municipal, la intención de aprobar un plan que unifique las cuatro juntas de compensación actuales, retrase en el tiempo y reduzca el número de viviendas previstas, para lo que debería modificar de nuevo el plan de urbanismo, una iniciativa que inicialmente cuenta con el apoyo del PSOE y la negativa de PP y Ciudadanos.

“El nuevo plan retrasaría 10 años los desarrollos”, afirmó Fernández. Los gerentes de las juntas de compensación acusan a Carmena también de encarecer el precio de la vivienda al limitar la oferta de casas baratas, mientras “aprueban la Operación Chamartín que está destinada a un público que pagará más de 300.000 euros por vivienda”, además de “expulsar a los jóvenes” a otros municipios. “Creemos que es un planteamiento ideológico y un despropósito que está espantando a los inversores”, señaló el gerente, quien aseguró que están calculando los daños patrimoniales y buscarán despacho de abogados para iniciar las posibles demandas.