Ferrovial, a punto de escapar de los polémicos centros de refugiados de Australia

El 31 de octubre finaliza la prestación de servicios en Nauru y Manus

El grupo se ha defendido de duras críticas por el trato a miles de personas

Ferrovial
Concentración ante el parlamento de South Australia, el pasado mes de abril, pidiendo el cierre de los centros de refugiados de Manus y Nauru

La española Ferrovial va a zanjar en Australia uno de los mayores y más controvertidos negocios de su filial Broadspectrum. Se trata de la prestación de servicios a dos centros de inmigrantes ilegales y solicitantes de asilo –Centros Regionales de Procesamiento, los llama la empresa– en Manus (Papúa Nueva Guinea) y en la isla de Nauru.

El 31 de octubre concluye la vinculación a esos contratos, que Ferrovial asumió en mayo de 2016 con la toma de la empresa australiana. Así, se olvidará de las constantes dudas sobre si se respetan, o no, los derechos humanos en esas instalaciones.

Australia confina en los centros de Nauru y Manus a los sinpapeles que llegan por mar. Ambos emplazamientos, dependientes del Departamento de Inmigración y Protección del Gobierno, se encuentran a cientos de kilómetros de suelo australiano y todo tipo de organizaciones llevan años denunciando el trato a los refugiados.

La Isla de los Desesperados, llegó a titular Amnistía Internacional un informe publicado en 2016 sobre una de esas instalaciones. La organización, que obtuvo dura contestación de la constructora, señalaba que la empresa hacía negocio sin tener en cuenta el supuesto trato inhumano que sufrían más de un millar de personas.

Australia confina en los centros de Nauru y Manus a los 'sinpapeles' que llegan por mar

En su defensa, Ferrovial ha esgrimido una y otra vez que no opera ni gestiona esos campos, sino que “se limita a prestar servicios de atención social, seguridad y mantenimiento, con los mayores estándares de calidad y centrados en mejorar las condiciones de vida de estos solicitantes de asilo o refugiados”, cita en su última memoria anual, en la que no aparece imagen alguna de las polémicas instalaciones.

También asegura que el personal ocupa dependencias climatizadas, tiene libertad de movimiento y es correctamente alimentado. Además, los campamentos disponen de cobertura de telefonía móvil e internet, entre otras concesiones que alejarían la imagen de Nauru y Manus de la de un centro penitenciario. Pero la críticas han arreciado, hablándose poco menos que de un infierno mar adentro.

Altos directivos del gigante español de las infraestructuras y servicios mantenían ya en 2016 que estaban por la labor de cumplir este polémico contrato, que llegó a ser prorrogado el año pasado, pero eludirían pelear por su renovación. Se enmarcó entonces entre los negocios no estratégicos.

Un contrato relevante

Ni Ferrovial ni Broadpectrum desglosan la aportación de Manus y Nauru a sus ingresos anuales, pero durante la opa de la española sobre la australiana se especuló con un peso cercano al 25% sobre la cifra de negocio de la filial.

De hecho, la continuidad o no al frente de estos centros de refugiados fue tenida en cuenta a la hora de valorar la adquisición de Broadspectrum, que fue cerrada en unos 470 millones de euros. En plena opa, esta última esperaba una ampliación de cinco años al frente del contrato, pero el Gobierno australiano otorgó la citada ampliación de 12 meses mientras decidía una nueva licitación.

Australia llegó a finales del año pasado a un acuerdo con Estados Unidos para reubicar a muchos de los ocupantes de estos centros de aspirantes a refugiados. El grupo Ferrovial estará ya al margen.

Más sombras que luces

- Supervisión. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones y el Comité Internacional de la Cruz Roja, son algunos de los órganos que han supervisado regularmente el trato a los inmigrantes retenidos en Nauru y Manus.

- Abusos. Decenas de informes del periodo que va de 2013 a 2015 (cuando Ferrovial no tenía relación aún con Broadspectrum), y filtrados a la prensa el pasado verano, revelan violencia y agresiones sexuales en los centros australianos de refugiados. El Gobierno habló de denuncias no confirmadas.

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