Bruselas enfría el proyecto de un impuesto al sector digital

Alemania, Francia, España e Italia quieren una tasa igualadora sobre Google, Apple o Facebook La CE advierte de la complejidad del proyecto y de los riesgos de fragmenar el mercado

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici.Efe

El sistema fiscal actual no sirve para un mercado único digital y urge modernizarlo, pero la solución es muy compleja y debe darse prioridad a una respuesta global. La Comisión Europea arroja así un jarro de agua fría a la reciente propuesta de Alemania, Francia, Italia y España sobre la creación de un impuesto igualador para multinacionales como Apple, Facebook o Google. Bruselas incluye su varapalo en una Comunicación publicada este jueves, primer documento oficial tras la propuesta de impuesto lanzada por Berlín y París con apoyo de Roma y Madrid.

Bruselas advierte que la tasa igualadora plantea numerosas incógnitas, tanto sobre su definición y alcance como sobre su compatibilidad con los tratados para evitar la doble imposición, con las normas sobre ayudas de Estado y con las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Berlín y París proponen establecer una tasa en función de la facturación de las compañías digitales en cada país, lo que permitiría a las haciendas nacionales recaudar impuestos de su actividad antes de que trasladen los beneficios a países europeos con baja imposición (como Irlanda y Holanda) o fuera de la UE.

La Comisión reconoce el agujero fiscal y señala que la imposición efectiva de las multinacionales digitales apenas llega al 10%, menos de la mitad que la de los negocios tradicionales. Pero teme que la adopción de propuestas parciales, como la tasa igualadora en algunos países de la UE (10 países ya se han sumado al plan franco-alemán) fragmente el mercado europeo y acabe generando nuevos vacíos legales que faciliten la elusión fiscal.

El documento, elaborado por el departamento de Pierre Moscovici, comisario europeo de Economía y Fiscalidad, señala que "la solución preferida de la Comisión es incorporar el planteamiento europeo en el marco internacional sobre impuestos de sociedades", por lo que recomienda esperar a que la OCDE publique su posición. La OCDE tiene previsto presentar un informe provisional a principios de 2018. Pero ese documento solo será la base del inicio de las discusiones en el G20, por lo que una conclusión definitiva puede tardar años en llegar.

Bruselas apuesta en segundo lugar por atajar el problema de la elusión fiscal en el sector digital a través de su propuesta de directiva sobre la armonización de la base imponible del impuesto de sociedades. "Ese proyecto", asegura la CE, "ofrece margen para adoptar medidas que permitan gravar de manera efectiva las actividades digitales". La directiva de armonización, sin embargo, requiere la unanimidad y lleva seis años empantanada. La propuesta inicial, de 2011, tuvo que ser abandonada. Y el año pasado, Bruselas reinició la tramitación con un proyecto menos ambicioso y más gradual.

La Comisión se declara dispuesta a iniciar un proyecto legislativo destinado expresamente a la fiscalidad de la economía virtual si la iniciativa internacional no avanza o la armonización europea de la base imponible se estanca. Pero no se lo planteará hasta la primavera de 2018, cuando faltará apenas un año para el fin de la actual legislatura europea (2014-2019).

El calendario pone en peligro la posible tramitación de la tasa digital, que podría quedarse aparcada a la espera de las elecciones al Parlamento Europeo (mayo de 2019) y de la entrada en funciones de una nueva Comisión (noviembre de 2019). No sería el primer descarrilamiento de la nueva fiscalidad: durante esta legislatura tampoco ha llegado a ningún sitio la llamada tasa Tobin o impuesto sobre las transacciones financieras, proyecto impulsado por Francia y Alemania y también secundado por un pequeño grupo de países, entre ellos, España e Italia.

Las patronales, también en contra

Las patronales europeas, agrupadas en BusinessEurope, han mostrado este jueves su rechazo a la introducción de un impuesto sobre la facturación, como han propuesto por Berlín, París, Roma y Madrid.

Ese impuesto, según BusinessEurope, “violaría un principio internacional, largamente establecido, sobre la fiscalidad de los beneficios”. Las patronales temen que el nuevo gravamen “dañe el crecimiento de las empresas, en particular, de aquellas que utilizan nuevas tecnologías, las cuales a veces logran una gran facturación sin llegar al beneficio”.