Bancos y gestoras piden a Economía que retrase seis meses la entrada en vigor de la Mifid 2
Aducen que la trasposición debió ser aprobada en julio El sector financiero asegura que carecen del tiempo necesario
Economía trabaja contra reloj para dar luz verde a la ley que traspone la directiva europea Mifid 2 para que los mercados funcionen mejor. La norma debe estar vigente antes de final del presente año, con el objetivo de que esté aplicándose en enero.
Pero las entidades financieras y también las gestoras de fondos piden más plazo para adaptarse. El sector aduce que España lleva un gran retraso en la aprobación y que no tendrá tiempo de adaptarse a las peculiaridades introducidas en el texto que propone el Ministerio de Economía.
La directiva se aprobó en Europa en mayo de 2014 y tendría que haber surtido efecto el pasado enero, pero en 2015 el triunvirato de la Unión Europea (Alemania, Francia y en aquel entonces Reino Unido) solicitó que se retrasara un año, después de que las grandes entidades financieras advirtieran de que no llegaban a plazo para cumplir de forma conveniente.
El 7 de junio de 2016, el Parlamento Europeo hizo oficial el aplazamiento. Así, la fecha para que todos los países europeos tuvieran lista la legislación nacional para trasponer la directiva venció el pasado 3 de julio.
El Ministerio de Economía sometió a consulta pública hasta el lunes 18 de septiembre los borradores de dos normas (la reforma de la ley de valores y un real decreto a modo de reglamento) para después elaborar el texto final, llevarlo al Consejo de Estado y después a las Cortes. Pero es complicado que estén aprobadas antes de diciembre, así que el plazo oficial para tener lista la legislación se extenderá unos seis meses.
Desde Inverco advierten que el margen de maniobra es muy escueto y que las grandes novedades, que están en el real decreto, serán aprobadas después. De ahí que pidan seis meses adicionales, de forma que la directiva entraría en vigor de forma efectiva en junio.
El anteproyecto incluye un periodo de adaptación de seis meses para los programas y estatutos pero no para la actividad. Otras fuentes financieras señalan que esta suerte de moratoria debe ampliarse a otros ámbitos, dado que algunos aspectos están aún pendientes de desarrollos, no solo de la ley, sino a nivel europeo (Esma).