El caso de Popular pone de relieve las carencias del mecanismo de resolución

Los expertos reclaman vías de liquidez para mantener operativos los bancos intervenidos

KPMG y el Colegio de Estudios Financieros asumen que el colchón anticrisis puede ser volátil

banco popular
Detalle de una oficina de Banco Popular.

Banco Popular se convirtió el pasado 7 de junio en la primera entidad financiera intervenida por las autoridades europeas. Aunque hacía meses que cundía la preocupación por su situación, la fuga de clientes que sufrió precipitó su final y el estreno del nuevo mecanismo comunitario de resolución.

La aplicación de la herramienta, dejando sin dinero a los accionistas de la entidad, y la inmediata venta a Banco Santander por un euro simbólico es objeto ya de demandas e impugnaciones. A la espera de que la justicia determine si hubo irregularidades, los estudiosos del mecanismo aseveran que el proceso ha dejado al menos algunas valiosas lecciones para las futuras intervenciones.

“La crisis de Popular, que fue de liquidez, hace que las normas de resolución, pensadas para tomar con calma, se tomaran en 12 horas”, explicaba este miércoles Francisco Uría, socio principal de KPMG y responsable del sector financiero, subrayando que al contrario que en las crisis de solvencia, en las de liquidez hay que actuar con gran velocidad.

“Hubo suerte de que había un comprador que con lo que había pasado en las semanas anteriores estaba en disposición de hacer una oferta esa noche. Si no lo hubiera, la entidad había dicho que no podía abrir las oficinas al día siguiente”, expone, advirtiendo de lo delicada que hubiera sido dicha situación.

“Las lecciones aprendidas en Popular es que cuando tenemos una crisis de liquidez hay poco tiempo y las cosas tienen que estar muy preparadas”, resumía durante su intervención en unas jornadas sobre la materia organizadas por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), el Instituto Español de Analistas Financieros y la Fundación de Estudios Financieros (IEAF-FEF).

Así, de un lado, advierte Uría, queda la impresión de que la JUR debe manejar al detalle la información sobre la entidad financiera a intervenir por si es necesario realizar un proceso acelerado de subasta en unas pocas horas.

De otra parte, prosigue el responsable de KMPG, harían falta fórmulas para ganar algo de tiempo, tal vez creando “un prestamista de última instancia que adelante liquidez” aunque el banco no tenga ya garantías colaterales que ofrecer, como le ocurrió a Popular cuando no pudo pedir más ayuda al Banco Central Europeo. En este sentido, Uría ve posibles referentes en los sistemas de moratoria de pagos de Alemania o EE UU.

“Se está intentando aprender de las lecciones, sobre todo generando un instrumento de liquidez”, coincide Santiago Carbó, Catedrático de Economía y Finanzas de la Bangor Business School y del Colegio Universitario de Estudios Financieros, que se muestra “escéptico porque necesitas completar la Unión Bancaria”, y amarrar una auténtica unión fiscal para tratar de “prevenir la siguiente crisis”.

El colchón anticrisis

Por otra parte, ambos se muestran de acuerdo en que el nuevo colchón anticrisis para los bancos europeos, el llamado MREL, tiene una utilidad relativa porque cuando se produce una situación de desconfianza del mercado, también este pilar se verá perjudicado.

Este colchón está pensado para poder recapitalizar instantáneamente un banco en apuros si se ve obligado a tapar agujeros con su solvencia original. Está por ver, en todo caso, la reacción de los inversores institucionales que apoyen a los bancos adquiriendo los instrumentos que alimentan ese capital de reserva.

“Estos inversores no se juegan una rentabilidad, sino perder su inversión”, advierte Uría. “Cuando tengan sensación de preocupación tratarán de limitar daños reduciendo posiciones”, tratando de vender una patata caliente que “se puede convertir en una fuente de volatilidad”, asume. “MREL crea colchones pero se pueden ver perjudicados si hay desconfianza en el mercado”, concuerda Carbó.

Las demandas 

En cuanto a los litigios que arrojará la resolución de Popular, Uría asume que se presentarán demandas por todos las cauces posibles, pues esa es la labor de los abogados que representan a los afectados. Otra cosa es que haya responsabilidades que depurar.

“La resolución no está para ayudar a los accionistas, está para resolver un problema en el sector financiero”, sostiene Uría que considera que la intervención de Popular “fue un éxito porque a las mañana siguiente, a las ocho, Popular abrió sus oficinas y sus clientes fueron atendidos”.

Luego la duda es si los bombos, que entraron a apagar el fuego que es lo que deben hacer, debían tirar la puerta abajo o no. Todos somos críticos pero no somos conscientes de lo que hubiera ocurrido si Popular no hubiera abierto las puertas”, concluye.

Uría considera que el precedente más cercano a este caso, salvando las distancias, que ha abordado la justicia europea es el de las quitas aplicadas a los bonistas de Grecia, que el Tribunal avaló.

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