Una intervención forzada por el desprecio de Cataluña a la legalidad

El Gobierno podía haber utilizado mucho antes sus recursos para forzar el pulso con la comunidad autónoma

La tensión que el desafío soberanista ha impuesto sobre Cataluña ha tenido semana un punto de inflexión (que no tiene visos de ser el último) con la decisión del Gobierno autonómico de incumplir la obligación legal de dar cuenta al Estado de sus gastos. El viernes, el Gobierno respondía a ese gesto de estudiada insumisión con un paquete de medidas extraordinarias destinadas a permitir a la Administración central tomar el control de las finanzas catalanas. La intervención de Hacienda, como medio de impedir el desvío de fondos públicos para la celebración del seudorreferéndum del 1-O, es una acción legitimada por la propia autoridad del Estado en aplicación de medidas previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

“Ningún euro irá a pagar ninguna actividad ilegal”, resumía Cristóbal Montoro el viernes tras anunciar la intervención. Esta otorga 48 horas al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que emita un acuerdo de no disponibilidad presupuestaria. En caso de que no obedezca –lo que presumiblemente ocurrirá– el Gobierno central asumirá el control de las finanzas catalanas, pero no se hará cargo de ninguna factura que el Govern no le haya entregado en ese plazo. La asunción de mandos supondrá que el Ejecutivo pasará a supervisar unos 1.400 millones de euros mensuales en gastos de Cataluña.

La intervención de las finanzas catalanas, que durará mientras se mantenga el desafío soberanista a la legalidad, no es un plato ni agradable ni beneficioso para nadie. No lo es para Cataluña y sus ciudadanos, no lo es para el Gobierno y el resto de los españoles y tampoco lo es para una comunidad internacional que asiste atónita a la ruptura de todos los cauces constitucionales de una comunidad autónoma cuya imagen exterior se está deteriorando por momentos. El Gobierno podía haber utilizado mucho antes todos los recursos del Estado para cortar el grifo de la financiación autonómica y forzar el pulso con Cataluña. En un ejercicio de prudencia y responsabilidad, no lo ha hecho hasta verse obligado defender in extremis una legalidad que el Gobierno catalán ha decidido ignorar en esta insensata y desquiciada huida hacia delante.

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