Los frentes abiertos de la administración de justicia para el nuevo curso

Los fallos de seguridad en el sistema LexNET alertan a los operadores jurídicos

Abogados y procuradores molestos con las sospechas de Hacienda

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El rey Felipe VI, acompañado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá y el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, durante la intervención del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en la solemne sesión de apertura del año judicial 2017/2018 en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo EFE

Tras el parón del verano, el acto de apertura del año judicial celebrado el pasado 6 de septiembre supone un nuevo comienzo para afrontar los frentes abiertos que afectan al ámbito jurídico.

La digitalización de la justicia, las reclamaciones de las asociaciones de jueces, el propósito de los fiscales de asumir la investigación penal o la indignación de abogados y procuradores ante el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial por el que se compromete a facilitar información sobre las actuaciones de estos profesionales a Hacienda; son algunos de los asuntos que más preocupan a los operadores jurídicos.

LexNet

El objetivo del papel cero en la justicia sigue siendo primordial. Sin embargo, los incidentes a finales de julio y hace apenas dos semanas con LexNet han hecho que la confianza de los operadores jurídicos se tambaleara respecto a esta herramienta, que permite el intercambio de documentos con y entre los órganos judiciales.

El pasado 27 de julio, el sistema de comunicaciones LexNet sufrió un fallo de seguridad que permitió el acceso a documentos de causas judiciales abiertas. El parón en el funcionamiento de la red afectó a abogados y procuradores que estaban concluyendo asuntos en los últimos días hábiles antes del cierre estival. En su momento, el Ministerio de Justicia explicó que se trataba de un defecto en el control de accesos al sistema ocasionado por un error en la programación del código.

El 31 de agosto, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre lo sucedido. En concreto, aprovechó para precisar que la parada de casi 52 horas experimentada en los servicios de LexNet no produjo indefensión o merma en los derechos de los ciudadanos. Asimismo, redujo la gravedad del fallo, desmintiendo que a través de LexNet fuera posible acceder a todos los expedientes y documentos contenidos en los expedientes judiciales, ya que estos se borran pasados 60 días desde que se comunican. Durante su intervención, también defendió las bondades de este servicio, destacando que solo en el último año y medio ha facilitado la realización electrónica de cerca de 140 millones de comunicaciones.

Tan solo un día después de esta intervención del ministro ante el Congreso, LexNet volvió a caerse después de que la red de Telefónica que le presta servicio sufriera una oleada de ciberataques.

Estos acontecimientos han obligado a Justicia a tomar medidas al respecto. De hecho, ya han aprobado la inversión de 55 millones de euros en mejoras informáticas en el ámbito del ministerio. En concreto, 36 millones de euros serán destinados a la adquisición de nuevo equipamiento: para servidores, almacenamiento y mejora del backup, y los otros casi 20 millones se invertirán en las aplicaciones informáticas de la administración de justicia. Además, se repartirán 6 millones de euros entre las comunidades autónomas para la modernización tecnológica de la justicia y para avanzar en la integración de todas ellas hacia un sistema de gestión procesal común.

Jueces

Las asociaciones judiciales, por su parte, se quejan de que desde 2014 llevan reclamando al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) más recursos materiales y humanos que les permitan hacer frente a la saturación que sufren muchos juzgados y tribunales. En consecuencia, exigen una regulación para fijar las cargas de trabajo de manera más saludable. Una exigencia que culminó el pasado 27 de julio, cuando las cuatro asociaciones de jueces (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente) presentaron ante la Audiencia Nacional una demanda de conflicto colectivo para la supresión del denominado "mapa judicial de riesgos y sistema de alertas", ya que consideran que "en la valoración del riesgo, toman en consideración la carga de entrada en cada órgano con sistemas de medición obsoletos".

Con esta demanda pretenden "obligar al Consejo General del Poder Judicial, único competente al efecto, a fijar de una vez por todas unos módulos adecuados a la complejidad y necesidades de la sociedad a la que servimos, compatible con el derecho al descanso y a la conciliación de la vida personal y familiar".

Por su parte, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, hizo hincapié, en el discurso que dio con motivo de la apertura del año judicial, en la importancia de atender las demandas de los jueces y reconoció que en los últimos años este colectivo ha sufrido "mermas en sus derechos estatutarios y en sus retribuciones, además de haber soportado incrementos notables de sus cargas de trabajo".

Fiscales

Entre los propósitos de los fiscales para este nuevo curso está una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que suponga la atribución de la dirección de la investigación penal al fiscal. Según señaló el propio fiscal general del Estado, José Manuel Maza, es necesario en este sentido una "reordenación de las tareas de jueces y fiscales" que, a su juicio, "redundará en una mejora de las garantías de todas las partes y supondrá una clara definición de roles". Esta pretendida reforma procesal supondría que los jueces asumieran, dentro de la investigación penal, la función de control de la actividad investigadora realizada por los fiscales, desde la posición de juez de garantías.

Maza también admitió que conoce las reticencias de quienes, desde su punto de vista, tienen "una injustificada desconfianza hacia la fiscalía", para lo cual asume como prioridad una reforma del Estatuto Orgánico del ministerio fiscal focalizada en el incremento de su autonomía organizativa, que sirviera además para proyectar una imagen de mayor imparcialidad de la institución.

Hacienda y los abogados

Para los abogados, el primer frente de este nuevo curso tiene que ver con el fisco. La aprobación el pasado 20 de julio, por parte del CGPJ, de un acuerdo para la cesión de datos a la Agencia Tributaria sobre la participación de abogados y procuradores en los procedimientos judiciales ha provocado que estos dos colectivos hayan anunciado que están estudiando la posibilidad de impugnarlo y pedir su suspensión.

Este acuerdo supone que el CGPJ accede a proporcionar a Hacienda información relativa a la identificación de cada abogado y procurador que haya intervenido en procesos judiciales durante los años 2014, 2015 y 2016 en cualquier juzgado o tribunal del territorio nacional.

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