Marcos Peña, un inspector salomónico para pacificar El Prat
Es el hombre tranquilo elegido por el Gobierno para arbitrar el conflicto de Eulen Al presidente del Consejo Económico y Social le gusta citar a filósofos e historiadores
Un hombre tranquilo, conciliador, ecuánime. Tiene todas las virtudes necesarias para ejercer de árbitro en el conflicto de los trabajadores de Eulen de los controles de seguridad del aeropuerto de El Prat. Aunque estos consideran que el laudo impuesto por el Gobierno es un ataque a sus derechos, no les queda otra que acatarlo, y se han mostrado dispuestos a colaborar conMarcos Peña (Lleida, 1948), un inspector de trabajo que preside desde hace más de una década el Consejo Económico y Social (CES), con rango de secretario de Estado.
Culto, amante de la lectura y del cine, le gusta hablar de actores y actrices, y citar a filósofos, historiadores y escritores. Los que le conocen dicen que genera tranquilidad y sosiego, y tiene buenas relaciones tanto con la patronal como con los sindicatos.
Peña cree que debería haber un reconocimiento social a la labor de los agentes sociales, que a través de la negociación colectiva “han contribuido a un grado de bienestar cada vez mayor y han hecho al país más tolerante con su cultura de diálogo y pacto”, a pesar de que para 2017 no han sido capaces de cerrar un acuerdo salarial.
“Tiene un gran sentido del humor, también en el trabajo; empatiza, y eso le ayuda a llegar a acuerdos”, explica Félix Martín Galicia, miembro del CES en representación del Consejo de Consumidores y Usuarios. “A los consejeros nos hace la vida más fácil”, subraya.
Los vicios de Peña son el tabaco y el café.Está casado. Nació enLleida, aunque sus raíces son aragonesas. También está muy ligado a Asturias, donde va a menudo, y a la Granja de SanIldefonso (Segovia).
En el mundo empresarial se valoran tanto sus conocimientos de derecho del trabajo –es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid–, como su trayectoria en el sector, que comenzó al superar la oposición de inspector a los 24 años. A partir de entonces desarrolló una intensa actividad como mediador en la negociación de convenios colectivos de sector a nivel nacional y de grandes empresas, como Telefónica, Renfe, Repsol, Alcatel, Endesa, Pegaso o Astilleros; en despidos colectivos; y, en general, en conflictos laborales. En un periodo posterior medió en empresas como Izar, donde consiguió acordar el convenio colectivo de 2003 y 2004, tras seis meses de ruptura de negociaciones entre las partes.
Con el Gobierno de Felipe González fue nombrado consejero laboral en la embajada española en Roma (1984-89), secretario general de Salud (1991-92) y secretario general de Empleo (1993-96), con el ministro José Antonio Griñán. En este último periodo fue responsable de las negociaciones y de la elaboración de normas para la reforma del mercado de trabajo y en materia de prevención de riesgos laborales. Tuvo que hacer frente a la huelga general del 27 de enero de 1994 y al paro del 11 de mayo del mismo año, cuando el Ejecutivo aprobó las empresas privadas de colocación.
En 2005, ya con José Luis Rodríguez Zapatero, entró como experto en el CES, y un año después le designaron presidente, lo cual conlleva que sea miembro nato del Consejo de Estado.
El CES se encarga de representar en igualdad de condiciones y en un mismo organismo a las asociaciones patronales, sindicales y del tercer sector más representativas de la economía española. Aunque es de carácter consultivo, sus informes sobre todas y cada una de las leyes que se aprueban en España son obligatorios.
No obstante, dado que sus informes no son vinculantes y que el Estado tiene que retribuir a sus 61 miembros, su existencia ha sido puesta en cuestión en numerosas ocasiones, sobre todo en los años más duros de la crisis. Varias comunidades eliminaron sus equivalentes autonómicos, que proliferaron durante las etapas de bonanza.
Peña –y el propio CES– ha sobrevivido a la crisis, entre otras cosas, porque el Gobierno no ha encontrado un sustituto de garantías. No ha llegado a ministro, quizás por su falta de militancia en un partido, aunque seguramente también eso es lo que le hace idóneo para mediar o arbitrar conflictos.
El de El Prat afecta a 400 trabajadores, y dada la función que cumplen, ha llegado a colapsar el aeropuerto. El laudo que dicte Peña deberá ser acatado por ambas partes sin huelga posible, al tener carácter de ley; aunque podría derogarse si los tribunales decidieran que no había motivo para un laudo obligatorio.
Según Peña, el problema va más allá de lo económico y también se basa en la salud y la capacitación de los trabajadores y la calidad del trabajo. El dictamen se producirá el miércoles, según ha anunciado él mismo, un día antes de la fecha límite. Nadie quedará satisfecho, advierte, aunque seguramente eso no le quite ni un ápice de prestigio y respeto en el mundo laboral español.
Preocupado por el papel de la mujer
Como secretario general de Empleo, Marcos Peña participó en los Consejos de Ministros de la UE y representó alMinisterio de Trabajo ante la OIT.
En febrero, hizo de mediador (no de árbitro) en la negociación entre patronal y sindicatos en torno a la reforma de la estiba. El acuerdo que propuso fue recogido en el desarrollo reglamentario del real decreto ley de reforma del sector y se aprobó en elCongreso.
Una de sus preocupaciones principales es la escasa presencia de la mujer en el mercado laboral, y en concreto en los puestos de responsabilidad. “Es absolutamente incomprensible, no obedece a razón y es ineficiente”. También ha señalado que las condiciones de las empleadas de los filtros de seguridad de El Prat son especialmente duras.
Sobre la firma
