España es el tercer país de la OCDE con una plantilla pública más envejecida

El 35% de empleados de la Administración central tiene más de 55 años El número de funcionarios sobre el total de asalariados es inferior a la media

El envejecimiento de la plantilla de la Administración se ha acelerado en los últimos años de crisis. Con una oferta pública a la baja, la edad media de los trabajadores ha subido. España es hoy el tercer país de la OCDE con una plantilla pública más envejecida, según datos de la OCDE correspondientes a 2015. En concreto, el informe señala que el 36% de los empleados de la Administración central tienen más de 55 años. Sólo Italia e Islandia presentan cifras más elevadas. En los 35 países de la OCDE, los trabajadores mayores de 55 años representan de media el 25% del total.

En 2010, España era el octavo país de la OCDE con una plantilla pública más envejecida. En solo cinco años escaló hasta el tercer puesto. En los últimos cinco años, ningún país ha sufrido un proceso de envejecimiento tan acelerado como el de la Administración española.

Los datos todavía son más elocuentes si el foco se pone solo en la Administración general del Estado y en el personal adscrito a los ministerios. Los últimos datos de Hacienda y que corresponden a 2017 reflejan que de los 188.506 efectivos que empleaba la Administración General del Estado en enero, el 65% tiene más de 50 años. De hecho, el número de empleados públicos adscritos a los ministerios que tienen más de 64 años suma 3.114 personas y supera ampliamente al colectivo menor de 30 años, que se limita a 1.217.

El sindicato mayoritario en el sector público, CSIF, denuncia que la política de no reposición de los trabajadores que se jubilan ha llevado a una situación que califican de “emergencia” y reclaman un plan para rejuvenecer la plantilla pública. El Gobierno ha aprobado para este año una oferta pública de empleo de 28.200 plazas, la mayor desde 2008. De éstas, 20.451 vacantes son de ingreso libre y el resto son puestos de promoción interna.

España cuenta hoy con 2.523.167 empleados a nómina de la Administración, ya sea central, autonómica o local. El 60% de este colectivo son funcionarios y el resto son trabajadores con contrato laboral, eventuales o interinos. La plantilla pública representa el 16,7% del total de asalariados de España. El porcentaje ha aumentado en los últimos años por la fuerte destrucción de empleo registrada en el sector privado. España cuenta con menos empleados públicos que la media de la OCDE. De media, los 35 países del organismo internacional mantenían una plantilla pública equivalente al 18,1% del total de la fuerza laboral con datos de 2015. En el caso de España, el porcentaje en ese ejercicio era del 15,7%, 2,4 puntos por debajo de la media.

Aun así, hay enormes diferencias entre comunidades. Por ejemplo, el número de empleados públicos en Extremadura alcanza el 28,6% del total de asalariados. Sin tener en cuenta a Ceuta y Melilla, que registran porcentajes superiores al 50%, es el nivel más elevado. Le sigue Castilla y León (23,1%), Castilla-La Mancha (22,4%) y Asturias (20,2%). Allí donde hay menos ocupados y una mayor tasa de paro, el peso del sector público sobre el total es mayor.

En el lado opuesto sobresale Cataluña. En esta comunidad trabajan 303.887 empleados públicos, un 11% del conjunto de asalariados. Baleares (12,2%), Madrid (14,8%) y País Vasco son las otras comunidades con un porcentaje relativamente bajo de empleados públicos.

Respecto a las retribuciones, los datos de la OCDE reflejan que en España los sueldos son más elevados que la media. Y también superan las nóminas del sector privado. Según datos de la Agencia Tributaria, el salario medio en la Administración alcanzó los 34.186 euros anuales frente a los 22.742 euros de media de la empresa privada. Hay que tener en cuenta que el grado de formación es mayor en la Administración y también es menor el empleo parcial.

Un informe publicado este año por Esade y el Instituto de Estudios Económicos (IEE) alertó del impacto negativo del proceso de envejecimiento, que conllevará “la pérdida de competencias propias de los perfiles de empleados públicos más mayores y, posteriormente, la pérdida de talento”. Aun así, también señaló que ello puede ser una oportunidad para avanzar hacia una mayor “flexibilidad y tecnificación” en el sector público, dos aspectos en los que el estudio recomienda que avance la Administración.

Otra característica del sector público en España es su elevado grado de descentralización. De los 2.523.167 de empleados públicos, el 52% está adscrito a una comunidad autónoma. El 21,5% trabaja para los ayuntamientos o diputaciones y otro 20,7% pertenece a la Administración central.

Según los datos de la OCDE, España es el octavo país desarrollado con una mayor proporción de trabajadores que están en nómina de entes territoriales o locales. Se sitúa por detrás de Suiza, Alemania, Canadá, Japón, Bélgica, Suecia y Estados Unidos. Turquía, Irlanda y Grecia son los países menos descentralizados.