Las empresas españolas se juegan 5.000 millones en inversiones

España es el segundo mayor inversor extranjero tras Holanda

Más de 100 compañías tienen filiales en el país latinoamericano

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La inseguridad y los conflictos que se están viviendo en Venezuela están afectando al negocio de las miles de empresas extranjeras presentes en el país. El último episodio de violencia se ha producido en la base militar del estado de Carabobo, en la que una veintena de personas armadas trataron de tomarla por la fuerza en la madrugada del domingo (hora venezolana). El asalto se saldó con la muerte de dos personas, la detención de una decena y la aprobación de medidas extremas de seguridad por parte del Ejecutivo presidido por Nicolas Maduro. “He ordenado que se revisen y se eleven todas las medidas de prevención y seguridad de todas las unidades militares del país”, dijo el presidente venezolano durante su intervención en su programa dominical en la televisión pública.

Ese clima de inestabilidad política, unido al desplome del precio del crudo, ha tenido un impacto directo en la economía venezolana. El PIB se desplomó un 18% anual en 2016 y las nuevas perspectivas del Fondo Monetario Internacional auguran al menos otros dos años de recesión. España es uno de los países que más está sufriendo ese deterioro como consecuencia de su elevada exposición. Las empresas españolas han invertido en los últimos 25 años cerca de 50.000 millones de euros en Latinoamérica, de los que 4.908 (en torno al 10%) ha ido a Venezuela. De hecho es el cuarto país que más capital español atrajo en ese período, tan solo por detrás de Brasil (19.155 millones), México (8.469) y Colombia (6.010).

El último informe de la Oficina Económica y Comercial de España en Caracas pone cifras a la elevada presencia empresarial española en Venezuela. Entre 2005 y 2015, España fue el segundo mayor inversor extranjero, tan solo por detrás de Irlanda, y había registradas más de 100 empresas españolas con filiales en el país dirigido por Maduro, de las que una parte muy importante se situaba entre las cinco más importantes de los sectores considerados estratégicos por el Ejecutivo venezolano. Entre ellas destacan BBVA, que es el segundo banco privado con mayor presencia; Mapfre, la tercera compañía en el sector asegurador; Movistar, la segunda operadora de telefonía móvil, o Repsol, que está presente desde 1993 y posee derechos sobre ocho bloques de producción sobre una superficie de 853 kilómetros cuadrados.Pero detrás de todas ellas hay un gran número de compañías con filiales e importantes intereses económicos en la zona, como Elecnor, Iberdrola, Acciona, Assignia, Iberia, Air Europa, Meliá, NH Hoteles, Inditex o Leche Pascual. Todas, sin excepción, mantienen su apuesta por Venezuela, a la espera de que la estabilidad política y económica se recupere, aunque el retroceso en el flujo de inversiones y en los intercambios comerciales ha sido evidente.

Buena prueba de ello es la pérdida progresiva de Venezuela dentro de las cuentas de resultados de las grandes multinacionales españolas. Es el caso de Telefónica Venezuela, que según datos facilitados por su matriz, apenas aporta el 0,25% de los resultados consolidados del grupo y el 0,2% del ebitda. Un caso similar se produce en el caso de Mapfre, en la que Venezuela no llega a representar ni el 0,2% de los ingresos del grupo.

Desde el pico máximo que alcanzaron las inversiones en 2010, rozando los 1.250 millones de euros, el desplome ha sido generalizado, tocando suelo en 2012, con apenas 50 millones. El pasado ejercicio, la entrada de capital español se multiplicó por cuatro con respecto a lo registrado en 2015, en gran medida por las operaciones firmadas por Repsol en el área de refino y petróleo. El deterioro ha sido aún más evidente en el caso de los intercambios de bienes. La balanza comercial con Venezuela, que mide la diferencia entre exportaciones e importaciones, siempre ha sido negativa como consecuencia del fuerte peso de los hidrocarburos en las importaciones española. Sin embargo, tanto exportaciones como importaciones se han desplomado en los últimos años por causas diferentes. Entre 2012 y 2016, las ventas de bienes de España han caído un 85%, al pasar de 1.545 a 219 millones de euros, mientras que las compras han descendido un 81,5% al caer desde los 1.348 a 252 millones de euros.

El deterioro también ha sido evidente en el caso de los servicios, como muestra la posición conservadora de los dos grandes actores (Meliá y NH), que aún tienen intereses en la zona. Meliá solo tiene un hotel (Gran Meliá Caracas), de cinco estrellas, con sucesivas pérdidas de ocupación en los últimos años. La devaluación del bolívar frente al dólar ha tenido un impacto directo en sus cuentas de resultados, con una merma superior a los 21 millones de euros solo en el primer semestre. NH cuenta con cuatro hoteles de la marca Hesperia, aunque en la última presentación de resultados matizó que apena llega al 0,025% de las ventas.

Meliá ha perdido 21 millones en el primer semestre por la devaluación del bolívar frente al dólar

Expulsión de Mercosur
Por si el desplome del precio del crudo (el barril de Brent se ha estabilizado desde hace ya varios meses en el entorno de los 50 dólares por barril) fuera poco, otro de los atractivos para que las empresas española redoblaran su apuesta por la economía venezolana se disipó la semana pasada. La Unión Europea ha intensificado las negociaciones con Mercosur (la zona geográfica formada por Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela) para suscribir a finales de este ejercicio un acuerdo de libre comercio que elimine las barreras arancelarias y no arancelarias que sufren las empresas españolas con esos países. Una posibilidad que se esfumó la pasada semana con la suspensión de militancia de Venezuela.

Los ministros de Economía de los países fundadores del Mercosur decidieron el pasado 5 de agosto aplicar por unanimidad la “cláusula democrática”, que amplía con carácter indefinido la suspensión de pertenencia al bloque. El brasileño Aloysio Nunes remarcó que la suspensión “es por tiempo indefinido” y el comunicado suscrito junto a los otros tres países recalcaba que “el levantamiento de la suspensión sólo sucederá cuando a juicio de los demás integrantes haya sido restablecido el orden democrático”.

La representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, afirmó hoy que la toma de posesión de la Asamblea Constituyente y la destitución de la fiscal general, Luisa Ortega, dificultan la “vuelta pacífica al orden democrático”.

De la misma forma, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró ayer que el Ejecutivo español no reconoce la Asamblea Constituyente que "ha montado el Gobierno venezolano" ni ninguna de las decisiones que tome la misma por ser "ilegales, antidemocráticas y contrarias a los derechos de los ciudadanos venezolanos". Rajoy ha exigido en rueda de prensa que haya elecciones "libres y democráticas" en Venezuela. Asimismo, pidió que se libere a los presos políticos, los más de 620 que hay en las cárceles venezolanas según la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Limitado acceso a las compras públicas

Un sobrecoste para los oferentes. Una de las barreras no arancelarias que han detectado las empresas españolas en Venezuela y que han comunicado a la Secretaría de Estado de Comercio se refiere a la discriminación que sufren en el caso de las compras públicas. Para que una empresa europea pueda participar en estas compras, es necesario que esté inscrita en el Registro Nacional de Contratistas o bien o se asocie con una empresa local que esté inscrita en el mismo. La ley de contratos públicos establece el concepto de “compromiso de responsabilidad social”, que obliga a que el oferente asuma un proyecto para el desarrollo social incluido en los pliegos de la licitación, cuyo coste es entre el 1% y el 5% del contrato.
Prohibición de arbitrajes internacionales

Tribunales competentes. La ley de Contratos Públicos de Venezuela también esconde una sorpresa para las empresas que tengan que litigar con el Estado. La norma establece que todas las dudas, controversias y reclamaciones que puedan suscitarse con motivo del contrato y que no llegaran a ser resueltas por las partes de común acuerdo, “serán decididas por los tribunales competentes de la República Bolivariana de Venezuela de conformidad con sus leyes”. Esto supone que se cierran las puertas a posibles arbitrajes internacionales en el Banco Mundial.

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