Fomento se plantea adjudicar las autopistas quebradas incluso antes de su liquidación
A efectos del déficit, los activos deben relicitarse en 2018 aunque no hayan revertido todos Las concesiones saldrán sin garantía de tráfico y con el nuevo modelo de RPA ‘recortada’
El Gobierno se ha impuesto devolver al sector privado, indefectiblemente en 2018, las nueve autopistas que van camino de la liquidación, tras unos meses de gestión por parte de la sociedad estatal Seittsa. Y lo hará, según fuentes oficiales, incluso en el caso de que no hayan revertido a tiempo todos los activos por retrasos en los juzgados.
Se trata de amortiguar el impacto en déficit de las indemnizaciones que tendrá que afrontar el Estado, en función de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), ante la liquidación anticipada de las concesionarias por causas ajenas a sus operadoras. Las compensaciones irán engordando el déficit desde el momento de la vuelta de cada una de ellas. Ante esta circunstancia, el Gobierno debe relicitarlas y adjudicarlas antes de que concluya el próximo ejercicio, restando a la RPA total la cantidad captada en el concurso.
Las autopistas a la espera de ser nacionalizadas son las radiales 2, 3, 4 y 5 de Madrid; la M-12 Eje Aeropuerto de Barajas; la AP-41 entre Madrid y Toledo; la AP-36 que va de Ocaña a La Roda; la circunvalación de Alicante (Ciralsa), y la Cartagena-Vera. Las nueve están integradas en ocho concesionarias, al contar Accesos de Madrid con la titularidad de las autopistas radiales 3 y 5.
Entre las operadoras, constructoras, bancos y fondos involucrados en este fiasco, se estima una deuda de unos 4.500 millones, de los que 500 millones son impagos de obras solicitadas por la propia Administración. En cuanto a la RPA, la horquilla que maneja el sector privado supera los 3.500 millones. Una cifra que en Fomento, que será quien marque el montante definitivo, ven desorbitada. Lo que sí reconoce el Ministerio es que junto a la citada RPA irán contra el déficit otros 550 millones en créditos participativos entregados a las concesionarias para afrontar el pago de expropiaciones de suelo que se dispararon en los tribunales.
Los concursos de las radiales 2, 3 y 5, y el de la AP-41, continúan en la fase de convenio, mientras el resto cuenta con auto de liquidación
El calendario que maneja Seittsa para este proceso, que colea desde el arranque de la pasada legislatura, señala el primer cuatrimestre de 2018 para la recepción de estas autopistas quebradas.
Pero el momento de la integración de estos activos en una empresa nacional de autopistas, creada bajo el paraguas de Seittsa, no depende tanto del Gobierno como de la Justicia. Cinco de las concesiones cuentan ya con un auto de liquidación firmado, tras lo que el juez debe dar el visto bueno al plan de liquidación y activar la consecuente reversión a la Administración. Fomento dice estar colaborando con la administración concursal para acelerar los pasos.
Hay otras tres, la R-2, AP-41, y la citada Accesos de Madrid (R-3 y R-5), que siguen en la fase de convenio de acreedores y cuya reversión a Fomento podría retrasarse.
El departamento que lidera Íñigo de la Serna prevé licitar las nueve autopistas en un único lote. Y ante la hipótesis de que llegue 2018 y ese paquete no esté completo, no dudará en lanzar el concurso e incluso adjudicarlo antes de tener las carreteras bajo su control. “Se haría igual que cuando se relicitan concesiones poco tiempo antes de su vencimiento para anticipar los ingresos”, explica una fuente del ministerio.
Las barreras se quedan
Las autopistas seguirán siendo de pago directo por el usuario, frente a futuros proyectos del plan de colaboración público privada, anunciado por el presidente Mariano Rajoy, que saldrán bajo pago por disponibilidad. Se prevé que los contratos vayan sin garantía alguna de tráfico, pero el futuro adjudicatario ya no tendrá riesgo de expropiaciones ni de construcción, al no precisarse nuevas inversiones. Entre los potenciales interesados, ganará el que ofrezca la mayor oferta económica, aunque también se tendrán en cuenta en los pliegos cuestiones como la tarifa o el empleo.
El plan de recolocar estos 520 kilómetros de autopista en un solo paquete, puede chocar aún con las conclusiones de los estudios de viabilidad y demanda que acompañarán la licitación. En ese caso, lo previsible es que se forme un lote con las autopistas del entorno de Madrid y se deje en un segundo la AP-36 y las autopistas del Levante, dividiéndose el concurso en dos paquetes.
Estas nuevas concesiones volverán a tener la garantía de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración, pero ya recortada por una nueva regulación de 2015 aplicable a concesiones. En caso de liquidación, la devolución se calculará por el valor de mercado de la concesión y no de la inversión. Además, el derecho derivado de la resolución de una concesión que es la RPA, no podrá pignorarse si no es en garantía de deudas que guarden relación con la propia concesión y con permiso de la Administración.
Este último modelo no se aplica en el caso de las ocho concesiones que revierten en los próximos meses, para las que el Gobierno ya impulsó el Real Decreto-Ley 1/2014, de reforma en infraestructuras y transporte. Este último reduce la RPA del concesionario en el importe pagado por la Administración como indemnizaciones a los expropiados. Un asunto que trae cola en los tribunales.
Un ingeniero con experiencia en Hacienda
- José María Piñero, director general de Seittsa, será quien pilote la reversión y vuelta al mercado de las radiales y demás carreteras de peaje quebradas. Este ingeniero de caminos procede de Hacienda, donde ocupaba la subdirección General de Financiación de Entidades Locales.
- Las nueve carreteras crecieron en tráfico a una media del 12,7% en el primer semestre. En cuanto a ingresos, la facturación conjunta fue de 100 millones en 2016.
- La nueva concesionaria de las autopistas quebradas tendrá 25 años de plazo de explotación. Fomento intentará, a través de los pliegos del concurso, obligar a la subrogación de los 700 empleados.
- La deuda que cuelga de estos activos fue vendida con descuento a fondos oportunistas. Cuatro de ellos (King Street, Attestor, SVP y Taconic) tienen el 75% del volumen de deuda. Desde el frente de acreedores se da la bienvenida a la reversión de las autopistas al Estado, pero se critica que se haya dilatado tanto el proceso, “lo que pone en duda la seguridad jurídica en España”, cita una de las entidades involucradas.
- La RPA debe determinarse en seis meses tras la liquidación. Con la cifra ya sobre la mesa, vuelve a correr un periodo de tres meses para el pago. Entre los fondos internacionales se señala que la RPA de la AP-36 se debería haber pagado ya, devengando intereses de mora.
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