Fomento licitará en un solo lote las nueve autopistas quebradas
La liquidación de los activos se prevé a primeros de año y saldrán con 25 años de plazo de explotación El Ministerio activará la venta inmediata para reducir el impacto en el déficit
El Consejo de Ministros dará luz verde mañana para que Fomento firme un convenio de gestión directa con la sociedad estatal Seittsa, por el que esta última se hará con la gestión de las nueve autopistas quebradas, y de próxima reversión, para su inmediata relicitación por 25 años.
Se trata de ocho empresas concesionarias que agrupan la M-12 o Eje Aeropuerto de Barajas; las radiales 2,3,4 y 5 de Madrid; la autopista AP-41 entre Madrid y Toledo; la AP-36 entre Ocaña y La Roda; la circunvalación de Alicante; la Cartagena-Vera.
Fomento espera la liquidación y vuelta de estos activos a la Administración en el arranque de 2018. Fuentes oficiales explican que la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) de cada una de ellas se irá sumando al déficit público según caigan en manos de la Seittsa. Por ello, resulta capital la adjudicación de estas carreteras en el mismo ejercicio, con el fin de hacer caja y reducir el citado impacto.
Una vez dado este primer paso, Seittsa trabajará en la licitación de los estudios de demanda, determinantes para fijar el precio de salida del único lote en que se prevé sacar de nuevo al mercado las nueve carreteras. Estas fueron pulverizadas por la falta de tráfico y los sobrecostes en las expropiaciones.
Seittsa trabajará con urgencia en la licitación de los estudios de demanda, determinantes para fijar el precio del único lote que saldrá a concurso
Desde Fomento se asegura que hay apetito por unas autopistas cuyo tráfico crece en la actualidad al 12,7%, según cifras del primer semestre. Los ingresos conjuntos en 2016 fueron de 100 millones y están en resultado positivo de explotación. Los activos estrella parecen ser las radiales 3 y 5, que han estado bajo gestión de Abertis.
Además de encargar un estudio independiente de demanda, Seittsa deberá realizar de inmediato un estudio de viabilidad y preparar los pliegos de relicitación.
En el Gobierno se espera efecto en el déficit por la diferencia, desfavorable para las arcas públicas, entre la cifra captada con la vuelta de los activos a manos privadas y la suma de la RPA. Esta es una garantía de cobro para las concesionarias en caso de una reversión anticipada de los activos a la Administración por causas ajenas a su gestión.
Entre las operadoras y bancos que financiaron la construcción de estos 520 kilómetros de carretera se estima un importe de unos 3.500 millones. Una factura que Fomento calcula bastante más baja y a la que hay que sumar los 550 millones en créditos participativos entregados a las concesionarias para afrontar los sobrecostes en las expropiaciones de suelo. Respecto a la RPA, la cifra que engordará el déficit será la fijada por el Ministerio que lidera Íñigo de la Serna.
Afectados
En la construcción y explotación de estas vías estuvieron involucradas firmas relevantes como ACS, Ferrovial, Sacyr, OHL, Acciona, FCC, Abertis, Globalvía, Isolux, Comsa y un largo etcétera. En cuanto a la financiación, prácticamente entró toda la banca española y destacadas entidades internacionales.
La cifra de RPA que engordará el déficit será la fijada por el Ministerio que lidera Íñigo de la Serna, aunque pueda ser discutida en los tribunales
Estas carreteras de peaje fueron licitadas entre 1998 y 2003 y su caída se produce entre 2008 y 2012. Pesaron en contra 2.000 millones expropiaciones, frente a los 400 millones previstos, y una caída del tráfico que en esos años se acercó al 40% de media.
Gran parte de los 4.000 millones de deuda que cuelga de las concesionarias que entrarán bajo el paraguas de la Seittsa fue vendida con descuentos hasta del 70% a fondos oportunistas. Tres de ellos, King Street, Taconic y Attestor Capital, representados por la firma experta en reestructuraciones Houlihan Lokey, copan el 75% de los créditos. El resto de la deuda está en manos de otros fondos, queda algo entre los bancos, y las constructoras reclaman una deuda por obras de 500 millones.
Los contactos entre Fomento y los citados acreedores en busca de un acuerdo han sido infructuosos ante las notables diferencias sobre el cálculo de la RPA.
A la actual situación se llega después de que la anterior ministra, Ana Pastor, impulsara un plan para nacionalizar las ocho autopistas quebradas a través de una quita del 50% en la deuda y la conversión de la misma en bonos a 30 años de la sociedad estatal de autopistas resultante. La pretendida quita, así como el rendimiento ofertado (1% garantizado), fueron discutidos especialmente por la banca internacional y el proyecto encalló.
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